El Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) denunció una supuesta “censura” de parte de la Junta Directiva al estudio que advirtió de sobreprecios en la oferta elegida para la administración de 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud.
Lo hicieron mediante una carta suscrita por 20 de los funcionarios que integran esa oficina, dada a conocer la mañana de este martes en la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga aparentes irregularidades en la institución administradora de los hospitales públicos del país, incluido el caso policialmente conocido como Barrenador.
"Comprendemos perfectamente la posibilidad y absoluta libertad que tienen los señores miembros de la Junta Directiva de solicitar aclaraciones o ampliaciones de criterios técnicos, cuando consideren que estos son insuficientes o dudosos, y de ellos dependan decisiones tan trascendentales como la adjudicación o no de la Licitación Mayor 2023LY-000002-0001101142 'Prestación de los Servicios Integrales de Salud en un Primer Nivel de Atención, para 10 Áreas de Salud'; no obstante, en este caso hubo una censura al estudio realizado por esta unidad, de previo a realizar la exposición de los resultados obtenidos con los respectivos respaldos documentales de los hallazgos evidenciados, lo cual preocupa en el marco del resguardo de los principios y normas que regulan la contratación administrativa", indica el oficio DFC-ACC-0516-2024.
El documento —del que Teletica.com tiene copia— inicialmente fue dirigido a la cúpula de la entidad que vela por la seguridad social el 15 de mayo de 2024, pero fue aportado y leído parcialmente en el foro de diputados hasta este martes por la presidenta de la comisión, Andrea Álvarez.
La incorporación de la misiva se da una semana después de que tres de los firmantes comparecieran ante el foro. Se trata de la jefa de Contabilidad de Costos, Azyhadee Picado; la jefa de la Subárea de Costos Hospitalarios, Adriana Gutiérrez; así como el analista Esteban Solís.
“Desvalorizar y menospreciar”
En la carta, los técnicos reprochan manifestaciones efectuadas durante la sesión 9.446 de la Junta Directiva, celebrada el 11 de mayo de 2024. Ese día, el máximo órgano de la Caja de Seguro Social conoció el estudio de razonabilidad de costos.
No obstante, luego de que se escucharan los resultados del informe y la recomendación de declarar la licitación 2023LY-000002-0001101142 infructuosa, los entonces directores, Jorge Luis Araya, Isabel Camareno (suspendida), Johnny Gómez (suspendido) y José Luis Loría, presentaron una moción para solicitar un análisis al estudio en cuestión.
La gestión fue acogida y la Junta Directiva acordó por mayoría (con la única oposición de la directora Marta Rodríguez) crear un “equipo financiero integerencial independiente” que hiciera la revisión, bajo la coordinación de la Gerencia de Logística y la Dirección Financiero Contable.
El informe debía elaborarse con base en la metodología cartelaria y los insumos sobre el particular, definidos en “antecedentes judiciales” (expedientes 19-004258-1027-CA, 20- 001360-1027-CA - 6 y 15-007199-1027-CA).
Precisamente, la metodología y esas resoluciones previas forman parte de los cuestionamientos que los legisladores del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Daniel Vargas y Ada Acuña, han utilizado en la comisión para cuestionar los informes técnicos que la cúpula omitió para adjudicar la compra de servicios a cuatro cooperativas y una asociación privada.
"No existen sentencias judiciales relacionadas con las metodologías utilizadas por esta área técnica para razonar los precios de las ofertas que le compete a esta unidad analizar, por lo que los resultados obtenidos y las decisiones que se tomen a partir del criterio emitido, son válidos —por el simple hecho de ser emitidos por la única instancia técnica a nivel institucional conformada para este objetivo— y apegados en todos sus extremos a la Ley y Reglamento de Contratación Pública y a criterios emitidos por la Contraloría General de la República", menciona el documento en poder de este medio.
Asimismo, el oficio recuerda que el Área de Contabilidad de Costos es la “única instancia técnica” que tiene delegado el desarrollo de estudios de razonabilidad de precios, por lo que consideró que un “equipo intergerencial” como el instalado, sin la representación de la unidad cuestionada, carece de la “idoneidad técnica suficiente” para validar o debatir uno de sus informes.
De igual manera, los técnicos reprocharon que durante la sesión, uno de los directores —cuyo nombre se omitió— indicó que el “equipo intergerencial” debía “hacer las cosas diferentes, para lograr resultados diferentes”. Esto preocupó a los firmantes, ya que de esas manifestaciones parecía desprenderse la pretensión de resultados esperados.
El informe del “equipo intergerencial” a final de cuentas se redujo a un reporte emitido el 5 de julio de 2024 por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud. Dicha oficina estaba a cargo de la ahora gerente general interina de la Caja de Seguro Social, María de los Ángeles Gutiérrez, quien permanece suspendida desde el pasado 10 de octubre, mientras se le investiga por el escándalo de presunta corrupción.
Dicho documento elaboró un análisis cuantitativo, el cual —a criterio del Ministerio Público— no sustentó lo establecido en el pliego de condiciones, ni tampoco contempló la valoración de precios pormenorizados de cada oferta.
El informe —cuestionado también por la Dirección Jurídica y la Gerencia de Logística— recomendó a la Junta Directiva la adjudicación; misma que se acordó un día más tarde por un monto mensual de ¢4.199 millones; 33% más respecto al costo actual de prestación del servicio, como sostiene la Fiscalía.
La carta fue leída al cabo de una comparecencia en la que estuvieron el director financiero contable, Andrey Sánchez, así como el asesor de la Gerencia de Logística, Olger Castro.
Sobre el documento, este medio mantiene en trámite una solicitud de reacción ante la oficina de prensa de la institución administradora de los hospitales públicos del país.