En julio de 2023, una avalancha en Aguas Zarcas, San Carlos, arrasó con la casa y el proyecto turístico que Juan Carlos Brenes y su familia habían levantado con esfuerzo durante 16 años.
“Salimos en carrera, volvimos a ver hacia atrás, y lo último que vimos fueron las latas de zinc flotando”, recuerda Brenes, aún conmovido por la tragedia. “Imaginarse que ese día iba a ocurrir algo de esa magnitud, nadie lo tenía en los libros”, añade, visiblemente afectado.
Poco después de la avalancha, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) declaró el terreno de los Brenes como zona roja, obligándolos a desalojar. “Nos llegó un documento de la Municipalidad que decía que en 30 días debíamos devolver todos los permisos de funcionamiento y desalojar. Lo hicimos por nuestra cuenta, pero queda un sinsabor”, relata Brenes.
A pesar de haber perdido su hogar y su fuente de ingresos, no calificó para recibir el bono especial de vivienda para familias afectadas por desastres naturales. Su caso es uno de muchos en el país.
En Costa Rica, el bono especial de vivienda para damnificados por desastres naturales está regulado por el artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).
Según el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), en los últimos ocho años, solo 42 familias han recibido este apoyo. En total, se han otorgado ₡828.160.643, con montos que van desde los ₡7.630.000 hasta los ₡33.202.023.
De los 42 bonos entregados, 34 han sido para familias afectadas por la Tormenta Nate. También se incluyen casos derivados de otras emergencias, como el terremoto de Cinchona, el huracán Otto, el terremoto de Nicoya y la Tormenta Thomas.
En el caso de los propietarios, también se requiere un informe del Instituto Nacional de Seguros (INS) para verificar si se ha recibido alguna indemnización. Si es así, el bono solo cubriría la diferencia.
La normativa también contempla la asignación de un segundo bono si una familia beneficiada pierde nuevamente su hogar debido a otro desastre. Sin embargo, este proceso está sujeto a verificaciones como la renovación de pólizas de seguro y peritajes técnicos que certifiquen la habitabilidad del terreno.