El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, minimizó este martes la polémica que originó el anuncio del “megacaso” de fraude fiscal que su cartera presentó el pasado 19 de enero.
En interpelación ante el Plenario Legislativo, el jerarca calificó el tema como “un poco banal” y criticó al Congreso por no enfocarse en “los grandes temas nacionales” y en su lugar llamarlo a comparecer por este caso.
Durante casi tres horas, Acosta respondió a las preguntas de los legisladores, en su mayoría interesados en entender por qué Hacienda presentó el caso 10 días después de que el Ministerio Público les comunicara su solicitud de desestimarlo.
“La notificación de desestimación no termina el proceso, en general una desestimación dura 1.044 días, entonces desde el punto de vista de Hacienda no era relevante, apenas habían transcurrido 91 días entre el momento en que envió al Ministerio Público y cuando se comunica”, dijo el jerarca.
El ministro se concentró precisamente en recordar que la solicitud de la Fiscalía no supone, de ninguna forma, que el caso esté cerrado o los hechos denunciados no sean ciertos.
Defendió, además, que él no tenía por qué conocer de esa solicitud, pues la función técnica y la política no deberían mezclarse y es precisamente esa la razón de que exista un “velo” entre el actuar de Hacienda y el Ministerio Público.
“No hicimos nada ilegal, mantuvimos la responsabilidad que nos compete como autoridades, le hablamos a los costarricenses de una acción de gobierno”, aseveró.
¿Qué reveló?
Lo que sí dejó la comparecencia de Acosta en Cuesta de Moras es que el ministro fue quien dio la orden de gestionar y realizar esa cuestionada conferencia de prensa en la que se dieron a conocer tres supuestos casos de fraude fiscal.
Uno de ellos, que Hacienda calificó como “megacaso”, fue precisamente la acusación contra el exministro Leonel Baruch y el Banco BCT, del cual es dueño.
A ambos se les acusa de utilizar empresas vinculadas en Panamá para llevar a cabo un supuesto esquema de fraude y evadir el pago de impuestos por ₡11 mil millones.
Baruch es también el dueño del medio digital CRHoy, por lo que un importante número de diputados cuestiona si esa conferencia de prensa y la investigación fiscal son una represalia indirecta del Gobierno de Rodrigo Chaves a ese medio de comunicación.
El socialcristiano Alejandro Pacheco cuestionó puntualmente a Acosta si, efectivamente, ese anuncio es parte de una estrategia política.
“Nada más alejado de la realidad. Desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda hemos dado todas las explicaciones, hemos guardado el celo necesario para poder establecer a quién le corresponde la investigación.
“No hay ninguna directriz ni ninguna acción que tenga que ver con ataque a prensa ni nada por el estilo, esto no tiene que ver con populismo, sino con una demanda de esta Asamblea y la ciudadanía por acciones decididas en contra de la evasión y el fraude fiscal, así que me parece que no tiene sentido decir que esto tiene alguna particularidad”, aseveró el ministro.
Acosta también insistió, en reiteradas oportunidades, que no fue su cartera la que reveló la información de las personas y empresas señaladas en esa investigación, sino que fue el Ministerio Público el que ventiló esos hechos.
Por eso mismo, aseguró, sería la Fiscalía la única responsable en eventuales causas judiciales que los señalados pudieran entablar.
“Hay un tema de responsabilidades. El Ministerio de Hacienda fue muy cuidadoso en la información que dio a la opinión pública, la información salió de otro ente que no tiene nada que ver con Hacienda y la preocupación (sobre eventuales demandas) debe concentrarse ahí.
“Desde Hacienda no hubo ningún interés de generar ningún tipo de daño a ningún costarricense”, aseveró.
Los diputados insistieron en que, igual que sucedió con el cierre de Parque Viva que llevó adelante el Gobierno y que la Sala Constitucional calificó como arbitrario e ilegal, una posible condena obligaría al Estado a indemnizar a personas señaladas que pudieran alegar afectación en los estrados judiciales.
Por esa misma razón, Baruch ya presentó procesos penales contra Acosta, el director de tributación, Mario Ramos y la viceministra de Ingresos, Priscila Zamora.
La oposición, además, cuestionó el golpe que ese anuncio significó para la imagen del país y su seguridad jurídica.
“La conferencia de prensa que usted convocó fue un acto de irresponsabilidad mayúsculo, de populismo barato, un acto que de golpe y porrazo provocó inseguridad jurídica para todo el que quiera venir a invertir en nuestro país.
“Anuncios como el suyo más bien debilitan la autoridad tributaria y la autoridad moral del Gobierno a la hora de cobrar impuestos a los ciudadanos”, le recriminó a Acosta el liberal Eli Feinzaig.
Acosta insistió en que serán los juzgados del país los encargados de determinar si su cartera llevaba o no razón sobre ese anuncio.
El ministro dijo que el próximo 15 de febrero Hacienda presentará tres nuevos casos al Ministerio Público como parte del cambio de estrategia anunciado por él mismo, que llevará a sede judicial cualquier caso de evasión que supere los ₡231 millones.