El Plenario Legislativo decidió este jueves, con el respaldo de 37 diputados, que el proyecto de reforma a la prisión preventiva volverá a comisión para corregir los vicios de constitucionalidad que presenta.
Se trata del expediente 23.986, que, entre otras, pretendía abrir la posibilidad de que los jueces ordenaran esa medida privativa de libertad cuando “exista peligro para la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad”, entendida esta última como “el conjunto de personas que habitan en una zona geográfica específica en donde se desarrollaron los hechos punibles que son endilgados a la persona imputada y sobre los cuales existen motivos razonables para presumir que la vida e integridad física de este conjunto de personas se encuentra en peligro”.
Sin embargo, la Sala Constitucional declaró, en noviembre pasado, que ese peligro para la comunidad, así como el otro causal propuesto de “actos de terrorismo relacionados directamente con la investigación”, violentan los principios de presunción de inocencia, legalidad penal, razonabilidad y proporcionalidad.
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que dictaminó la propuesta, deberá entonces modificarla para corregir esos vicios y, de esa forma, volver a enviarla al Plenario para su discusión final.
El proyecto, calificado como prioritario por los Supremos Poderes, ya había sido votado en primer debate en setiembre anterior, pero fue enviado a consulta por varios diputados, incluida toda la fracción del Frente Amplio.
Esa bancada insiste que, en su redacción actual, la propuesta elimina el análisis judicial para determinar si la prisión preventiva es realmente necesaria y proporcional y que, además, atenta el derecho a la presunción de inocencia en contra de una “aplicación masiva basada en criterios automáticos”.
Esas quejas ya habían sido expuestas también por la Sala III y la Corte Plena en un informe, mismo que también respaldaron expertos en la materia.
Sus defensores, en cambio, insisten en que la prisión preventiva debe actualizarse y agilizarse para empatar la nueva realidad criminal del país.