El nombramiento de Marta Esquivel como ministra de Planificación entrabará la investigación penal que se sigue en su contra por el caso “Barrenador”.

En eso coinciden los abogados penalistas Erick Gatgens, David Fallas y Edwald Acuña, quienes reconocen que la movida de Presidencia podría retrasar el proceso que, hasta hoy, avanzaba en la vía ordinaria.

El Código Procesal Penal establece, a partir de su artículo 391, el procedimiento especial para juzgar a los miembros de los supremos poderes, como es el caso de los ministros.

“El efecto del nombramiento de doña Marta como ministra de Gobierno la convierte en miembro de los supremos poderes; a partir de ahí, entonces, deberá adecuarse el procedimiento ordinario que se seguía en contra de ella y otros funcionarios de la CCSS a un procedimiento a cargo únicamente del fiscal general de la República y bajo las reglas del procedimiento de juzgamiento de miembros de los supremos poderes”, explicó Acuña.

Ahí está la primera traba, en que será la Fiscalía General, y ya no Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la que dirija la investigación.

“Eso va a atrasar porque va a generar un trabajo adicional para el fiscal general o la persona que él designe, porque todos conocemos, y es un hecho público y notorio, las diferencias entre el Presidente de la República y Carlo Díaz, por lo que muy probablemente habrá una excusa por parte de don Carlo, o bien una recusación por parte de doña Marta, eso es previsible, y a partir de allí se va a generar una mayor carga de trabajo para la Fiscalía General”, añadió Fallas.

El otro tema es que, si la Fiscalía decide que hay elementos suficientes para llevar el caso a juicio, deberá pedirle a la Corte Suprema que interceda ante la Asamblea Legislativa para levantarle el fuero especial del que ahora gozará Esquivel como ministra.

“Entonces, además de este tema del fuero, todo esto implicaría un trámite adicional que no está previsto en el proceso ordinario: ir a la Asamblea y todo lo demás que le corresponde, lo cual podría significar, además, que el asunto se entrabe al punto tal de que hasta el momento en que ella deje de desempeñar ese cargo, como ya ha pasado en muchas ocasiones en que hay personas que tienen ese fuero procedimental, pero por alguna razón dejan el cargo, renuncian, etcétera”, reconoció Gatgens.

Hasta hoy, Esquivel permanecía suspendida de su cargo como presidenta ejecutiva de la CCSS desde octubre pasado, todo esto mientras la FAPTA la investigaba por presunta corrupción en la adjudicación de Ebáis y áreas de salud a cooperativas.