La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, presentó este lunes al Congreso el retiro formal del expediente 24.099 de la agenda de sesiones extraordinarias.
Se trata del proyecto de ley con el que, hasta hace muy poco, el Poder Ejecutivo quería mantener viva su visión de la cuestionada Ciudad Gobierno.
La iniciativa pretendía reformar dos artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General, precisamente los dos que chocan con la forma de arrendamiento que el Gobierno impulsa para ese megacomplejo de oficinas y que pasa por utilizar un terreno público para que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) construya ahí.
Sin embargo, esa misma reforma es parte de los temas que el referendo de Rodrigo Chaves busca por la vía del Congreso o la de recolección de firmas.
Si alguno de esos dos caminos prospera, será el pueblo, mediante su voto, el que decida si esos artículos se modifican y con esto avanza el proyecto que impulsa el Ejecutivo.
Hasta ahora, el camino de la reforma legal ya había ampliamente cuestionada en el Congreso. La propia contralora, Marta Acosta, insistió a los diputados que los cambios van en detrimento de los principios fiscalizadores de ese órgano.
Sin embargo, los mismos cuestionamientos también pesan contra la propuesta de la consulta popular.
El reconocido experto constitucionalista, Rubén Hernández, afirmó la semana anterior que existen votos de la propia Sala Constitucional que versan sobre la prohibición de tramitar, vía referendo, reformas que afecten la fiscalización y controles de la Contraloría.
"Sobre la desconvocatoria del proyecto de ley de Ciudad Gobierno, recordemos que la semana anterior presentamos la solicitud de convocatoria a referéndum de la Ley Jaguar, que incluye el contenido de esta iniciativa", reconoció a este medio la ministra Díaz.