Los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) denunciaron, la mañana de este martes, la existencia de una supuesta “mala praxis administrativa”.
Ese “diagnóstico” se deriva de una serie de situaciones que, aunque se remontan a gobiernos anteriores, se profundizaron durante la actual administración, según declararon ante una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa los dirigentes Janice Sandí, Mario Quesada y Luis Chavarría.
Para la vicepresidenta de la Unión Nacional de Médicos (UMN), ese síndrome de “mala praxis administrativa” se desprende de, por ejemplo, la “indolencia” para exigir el pago de la deuda de casi ¢4 billones que mantiene el Estado con el seguro social.
También —aseguró— se evidencia de los retrasos en la modernización de los sistemas de control interno y el abandono de la infraestructura “funcional” de la institución que administra los establecimientos públicos de salud.
Precisamente, desde el punto de vista de Sandí, es el faltante de 400 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) lo que llevó al ente a comprar servicios médicos a cuatro cooperativas y una asociación, en un caso de presunta corrupción que se denominó mediáticamente como Barrenador.
"Esa mala praxis administrativa es crónica. Y en este Gobierno ya fue el acabose. Tiene que ver mucho con que no se determinan las características que deben tener las personas que conforman la Junta Directiva. Las personas que llegan deben reunir una cantidad de condiciones, la primera de ellas es conocer la Caja desde el fondo. Usted no puede ir a administrar una institución que no conoce", señaló la líder sindical.
Quesada, como presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), abonó a esos “síntomas” la rotación constante que ha sufrido la Junta Directiva de la Caja, sus gerencias de área, entre otros puestos clave, como la coordinación de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE).
Aunó que, en el caso particular de su gremio, existen incumplimientos asociados a la histórica suspensión de jornadas extraordinarias que el sector llevó a cabo en el abril pasado, lo cual, le hizo coincidir con Sandí, al aseverar que lo que sucede en la institución “parece mal praxis”.
El dirigente no se atrevió a distinguir si aquello respondía a un tema de “inexperiencia, negligencia o imprudencia”.
Para Vega, como secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), lo que existe es una “crisis sistemática y provocada”, al tiempo que apuntó a que esta se perpetró desde Casa Presidencial, pese a la autonomía que la Constitución Política le dota a la institución.
Urgencia
La “corona” de esa “crisis” o “mal praxis” referidas es la parálisis de la cúpula de la Caja de Seguro Social, por la suspensión de Marta Esquivel como presidenta ejecutiva.
A la jerarca, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública la separó del cargo mientras avanzan las investigaciones que se siguen en su contra por el caso Barrenador, donde figura como sospechosa de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y prevaricato.
Sin embargo, hasta la fecha, el presidente Rodrigo Chaves ha rechazado designar una sustituta, pues esperará primero a que se resuelva un habeas corpus que Esquivel presentó ante la Sala Constitucional, o bien, la apelación planteada contra las medidas cautelares que le impuso el órgano jurisdiccional.
De acuerdo con el criterio GA-DJ-8704-2024 de la Dirección Jurídica, la cúpula de la institución no puede sesionar —ni siquiera bajo la figura de funcionario de hecho— hasta que se nombre a un presidente ejecutivo. Tampoco es posible designar una vicepresidencia temporal, según esa opinión.
Ante la “parálisis” que vive ese órgano, la Unión Médica planteó una denuncia ante la Fiscalía General contra el mandatario por presunto incumplimiento de deberes en relación con el nombramiento del sustituto de Esquivel. La queja además se formuló ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).