Los operadores de la justicia en nuestro país no escapan de la ola de criminalidad e inseguridad que enfrentan cientos de comunidades y miles de personas, según el criterio de William Serrano, coordinador del juzgado Penal de San José. 

En una entrevista con Teletica.com, Serrano indicó que en “lamentablemente, hemos visto que en algunas ocasiones pueden privar amenazas directas o indirectas, tácitas o expresas o incluso temores fundados de que ordenar una medida cautelar puede llevar a que la persona juzgadora o sus familiares sean víctimas de un hecho delictivo”. 

Serrano aclara que este tipo de escenario aparece sobre todo cuando el tribunal está ante un caso de crimen organizado, en el que el sicariato es una constante dentro de los delitos juzgados.

Posterior a la divulgación de esta información, la oficina de prensa de la Corte envio una nota en la que señaló que el funcionario no estaba asegurando que ya esto ocurrido, sino que estaba refiriéndose a un riesgo latente.

"Lo que el juez Serrano Baby indicó es que actualmente los jueces no resuelven con miedo a represalias o amenazas, sino que este es un tema potencial a futuro si no se toman las medidas oportunas necesarias. El peligro es que a futuro se caiga en los problemas que enfrentan otros países de la región.
 
Por ello, es necesario aclarar que no hay ninguna evidencia de un caso presente o pasado donde se haya resuelto en contra de lo establecido en nuestra legislación por una amenaza a un funcionario público. La preocupación es hacia futuro, si el crimen organizado avanza en su violencia y no se toman los correctivos necesarios", señalaron.
 

No es la primera vez que una persona ligada a la justicia y seguridad se refiere a que este tema. En enero de este año, sindicatos relacionados con los cuerpos policiales aseguraron que, en los últimos meses, las amenazas contra los oficiales en Limón venían creciendo considerablemente. 

 "Al ser un gremio tan cerrado, lo que le dicen es que usted no puede hacer públicas las amenazas ni puede evidenciarlas, que debe haber una investigación cuidadosa, pero cuando hablamos de números reales las cifras son alarmantes", dijo a Teletica.com Benjamín Sevilla, dirigente sindical de la ANEP que atiende a esta rama policial. 

Xiomara Rojas, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores Costarricenses aseguró a este medio que en múltiples ocasiones familiares de oficiales de la Fuerza Pública le habían pedido asesoría para reubicar a los oficiales en labores que no impliquen un enfrentamiento cara a cara con los delincuentes.

"A mí la gente me llama para que interponga oficios para que los muchachos jóvenes vayan a cuidar embajadas u otras labores porque no quieren que vayan a enfrentarse en la calle. Y como padres de familia tienen razón. ¿Quién va a querer ir a Guápiles o a una zona como Siquirres?", dijo Rojas en enero.

 En lo que va del año, el crimen organizado acabó con la vida de dos funcionarios policiales en Limón: el policía de Fuerza Pública, Minor Obregón y el subjefe de la delegación del OIJ de Pococí, Geiner Zamora.

Los Gatilleros atacaron el edificio del OIJ en Batán, dichosamente sin víctimas mortales.