Este viernes, inició la etapa de conclusiones por la desaparición de la bebé Keibril, ocurrida en abril de 2023, en Cervantes de Cartago; sin embargo, fue suspendida por petición de la fiscala.

La representante del Ministerio Público, Edith Morera, quien es la encargada de los alegatos, comenzó su exposición a las 8:30 a. m. y la interrumpió a las 3 p. m. debido a que tenía un asunto personal que atender.

“Señora jueza, quería solicitarle, en este momento y debido a que me falta mucho por exponer en estas conclusiones y porque tengo un asunto personal que atender un poco largo de aquí, que se suspenda el debate y se reprograme”, manifestó Morera.

Luego de analizar dicha petición, la presidenta del Tribunal la aceptó.

“Continuaríamos el juicio el próximo viernes 1° de noviembre, a partir de las 8:30 a. m.”, dijo la jueza.

Hasta el momento, la fiscala ha hecho un análisis detallado de las grabaciones que muestran al acusado en el lugar de los hechos el día de la sustracción; explicó la importancia de los testigos que fueron parte del debate y también desmintió muchas de las declaraciones que hizo Casasola este jueves, cuando rompió el silencio y habló ante el Tribunal por lo que se le acusa.

Al inicio de las conclusiones, Morera responsabilizó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por no haber actuado de manera oportuna ante los múltiples casos de violencia y negligencia reportados en la familia de Keibril.

Además, afirmó que esa entidad realizó cinco intervenciones desde 2019 hasta 2022, en las cuales, según ella, no se tomaron las medidas necesarias para proteger a los menores involucrados.

Para la Fiscalía, el historial de omisiones del patronato refleja una falta de investigación exhaustiva, pues cada intervención se basó únicamente en los testimonios familiares sin realizar indagaciones más amplias.

José Alonso Chaves, jefe de despacho de la Presidencia Ejecutiva del PANI, quien ha estado presente durante todos los días de juicio, manifestó que la institución tomó acciones a nivel disciplinario y generó los despidos que tenían que darse por las actuaciones indebidas de dos funcionarias de la oficina local de Paraíso; pero, por una orden del Tribunal Contencioso Administrativo, los funcionarios fueron reinstalados.

Al inicio del debate, la Fiscalía acusó al imputado de apellido Casasola de tres delitos de violación y uno de sustracción.