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Este 2021 marcó un antes y un después en el sistema de Salud costarricense. El COVID-19 llegó en 2020,  pero no fue hasta este año que el impacto de su alcance puso al sistema sanitario nacional de rodillas.

El año que termina inició con un sentimiento de esperanza ante el anuncio de la vacunación contra el virus en adultos mayores. Cientos de ciudadanos de la población de mayor riesgo en el país empezaron a recibir su primera y segunda dosis. Para el último mes de año, muchos de ellos ya habían sido citados para recibir su tercera dosis.

Los segundos en recibir la vacuna fueron los funcionarios de primera respuesta, como médicos, enfermeros, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, entre otros.

Para ese momento, el resto de la población esperaba con ansias a recibir la llamada con la fecha para recibir el pinchazo. La aplicación de estas vacunas se gestionó partiendo de los grupos etarios.

En medio de la emoción, ocurrió un incidente que despertó, nuevamente, un sentido de preocupación y de incertidumbre: en abril, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió una investigación tras recibir una denuncia por una aparente "vacunación falsa" en un centro de salud en Tres Ríos.

El afectado fue don Elías Rodríguez, de 82 años, quien aseguró sentirse anonadado y desconfiado luego de que esto le ocurriera.

La vacunación arrancó en Costa Rica el 24 de diciembre de 2020.

La vacunación avanzaba, pero con ella llegó la peor ola de COVID-19 registrada, hasta ese momento, en nuestro país.

Poco menos de un mes más tarde, puntualmente el 12 de mayo, se alcanzó el récord de casos, con 3.173 infectados. El 18 de ese mismo mes se alcanzó otro doloroso nuevo récord: en un día, se reportaron 48 decesos provocados por el virus.

Paralelamente, los hospitales, desbordados, pedían ayuda a gritos.

El 25 de mayo Costa Rica también batió el récord de cantidad de pacientes hospitalizados, tanto en salón como en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): 1.482 internados, 545 de ellos en UCI, según los datos del Ministerio de Salud.

Después siguieron semanas de tensa tranquilidad para el sistema sanitario, un valle que duró un par de meses, ya que en julio llegó al país la variante Delta.

El colapso regresó y ya en octubre muchos hospitales a lo largo del país reportaban hasta un 98% de ocupación. En aquel momento, cientos de pacientes esperaban por un campo en las UCI.

Durante la campaña de vacunación también ocurrieron dos incidentes adicionales de pérdida y robo de vacunas. El primero de ellos ocurrió en agosto, cuando se robaron 264 dosis de un centro de salud en Alajuela.

Por este caso se detuvieron a dos funcionarios: un enfermero y un guarda de seguridad del centro de salud.

Posteriormente, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aseguró que investigaba la perdida de 996 vacunas contra el COVID-19 por un mal manejo de temperatura en el Hospital Max Peralta de Cartago.

La institución volvió a pasar por parches de turbulencia cuando su gerente médico, Mario Ruiz, presentó la renuncia el 9 de setiembre, indicando que había tomado la decisión “por motivos familiares, profesionales y personales”.

Su lugar lo tomó el doctor Randall Álvarez a partir del 29 de noviembre.

Mario Ruiz enfrentó el faltante de camas en la CCSS.

A partir de ese mes los casos fueron bajando gradualmente con el paso de las semanas, lo que llevó a las autoridades a tomar la decisión de cerrar el Centro Especializado para la Atención de COVID-19 (CEACO) tras 602 días de atender a cientos de costarricenses infectados y con complicaciones provocadas por el virus.

Por sus pasillos pasaron 2.600 pacientes, aunque 600 de ellos murieron por causa del virus.

Poco después del cierre del CEACO, las autoridades anunciaron que se implementaría el uso de un código QR como comprobante de vacunación para ingresar a los establecimientos. Esto, con el fin de incentivar y avanzar la campaña de vacunación nacional.

Aunque esta implementación permitió la reapertura de muchos comercios, que habían sufrido los estragos de los cierres provocados para contener los contagios, su ejecución ha sido ampliamente criticada y discutida por varios sectores en el país.

La baja en casos siguió y con ello el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud anunciaron una relajación de las medidas sanitarias, tanto en el tema de la restricción vehicular sanitaria, como en aforos.

Este anunció se dio luego de que pasaran varios días sin muertes provocadas por el virus.

A pocos días de Navidad, cuando los contagios se mantenían a la baja y las hospitalizaciones empezaban a disminuir y dar tregua al sistema de salud púbica, se reportó el primer caso de la variante Ómicron en el país.

El 19 de diciembre, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) confirmó que el primer contagiado es un niño costarricense de ocho años.

El Poder Ejecutivo aseguró que la detección de esta mutación del virus SARS-CoV-2 en el país no implicaría "cambios en las medidas sanitarias vigentes". Aunque solicitaron a la población extremar las medidas preventivas y aprovechar las terceras dosis disponibles para los mayores de 65 años.

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