Caso Barrenador: Departamentos de CCSS se niegan a validar informe que recomendó adjudicación

Ni la Dirección Financiera ni la propia Dirección de Proyección de Servicios de Salud se atreven a validar el informe de razonabilidad de precios que fue firmado por María de los Ángeles Gutiérrez, en el que se recomendó la adjudicación a cuatro cooperativas y una asociación.

Así consta en documentos de ambas dependencias a los que tuvo acceso Telenoticias.

Por ejemplo, uno del 25 de setiembre; hasta dos días después de los allanamientos y las detenciones por el caso ahora conocido como Barrenador, el Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios hace ver la urgencia de validar dicha información para formalizar los contratos ya adjudicados.

Sin embargo, Proyección de Servicios de Salud respondió:

"No se consigna como una competencia de esta Dirección desarrollar análisis financieros para procesos de licitación y contratación pública, dentro de los que constituyen revisión de los desgloses detallados, así como estudios de razonabilidad de precios. Por lo que esta Dirección se ve imposibilitada por no ser la competente en la materia".

Por su parte, la Gerencia Financiera aseguró:

"Existe una imposibilidad técnica tanto para esta Dirección Financiera contable para realizar la revisión de los desgloses detallados y requeridos en la solicitud de información, debido a que el estudio de razonabilidad de precios, con base en el cual se toma la decisión de adjudicar el proceso licitatorio, no fue generado por esta unidad.

"Además, se concretaron una serie de mejoras de precios que mutan la configuración de las ofertas originalmente analizadas por el área de contabilidad de costos adscrita a esta dependencia, los cuales no fueron revisados y analizados".

Cabe recordar que el informe de Gutiérrez fue presentado el 6 de julio, a solicitud de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, mientras se desempeñaba como directora de Proyección de Servicios de Salud.

El informe sirvió para que los directivos se apartaran de los criterios técnicos de la Gerencia Financiera que alertaron de aparentes sobreprecios.

​Tras esto, el Área de Bienes de la institución concluyó que “no resolver esta situación, imposibilita a continuar con el proceso de formalización de los contratos de la licitación de marras”.

De acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR), dicha licitación está en firme y hasta con los depósitos de garantías de los adjudicados.

Ahora la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), investiga presuntas irregularidades en el proceso en cuestión y persigue los supuestos de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y prevaricato (dictado de resoluciones contrarias a la ley).

En esa trama de aparente corrupción figuran como imputados Esquivel y Gutiérrez.

Ambas, al igual que otras seis personas, aguardan por una resolución del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública tras cinco días de audiencia de medidas cautelares, en la que se solicitó su suspensión del cargo.