Caso Richter: Ministro de Educación descarta procedimiento contra directora investigada

Luego de escuchar sus explicaciones, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, descartó abrirle un procedimiento a su directora de Infraestructura Educativa, Lourdes Sáurez, por la investigación que se le sigue en el caso Richter.

Así lo dio a conocer el jerarca ante una consulta de Teletica.com, en la que enfatizó que la investigación contra la funcionaria está en desarrollo en vía judicial.

"Hemos estado en conversaciones con ella para poder entender sobre el tema. Lo cierto es que esto está judicializado. Yo respeto absolutamente este tema.

"Ella no está encausada como enjuiciada en este tema. Le solicitaron el celular, información y demás. Pero lo cierto es que hay un proceso que yo tengo que respetar y, en ese sentido, nosotros somos los garantes de que eso se cumpla", comentó el jerarca.

La Fiscalía General confirmó a este medio que Sáurez figura como sospechosa de aparente tráfico de influencias en la sumaria 24-000059-0033-PE. En el marco de esa pesquisa, el Ministerio Público le decomisó el celular a la servidora el 22 de enero pasado, como lo dio a conocer Telenoticias.

Específicamente, se le achacan presuntos "favorecimientos y complicidades" al diputado Leslye Bojorges.

"Nosotros tuvimos una conversación amplia donde ella me explicó todo lo que sucedió en términos de las conversaciones que como directora de Infraestructura, como cualquier otro director, tiene con diferentes actores del sistema educativo, político y demás.

"Y, en ese sentido, nosotros, respetuosos del proceso que se lleva, no queremos entorpecer nada ni llegar a alguna conclusión de la cual ya hay un proceso abierto", subrayó Sánchez.

En ese sentido, el titular decidió mantener a la subalterna en su puesto. Por lo menos así será hasta que se dé un cambio de circunstancias.

Así, Sáurez quedará a cargo de los proyectos de infraestructura, en un año en el que Sánchez prometió llevar a cabo una inversión récord para la institución.

"Desde el punto de vista administrativo, de momento, con la conversación que hemos tenido, nosotros no hemos determinado que tenga que abrirse un proceso administrativo porque de acuerdo a la conversación que hemos tenido, nos parece que no amerita", enfatizó el ministro.

"Amiga"

A Lourdes Sáurez le atribuyen aparentes “favorecimientos y complicidades” a Leslye Bojorges.

Lo anterior se desprende de la ampliación de informe 75-OECDO-2024 del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), del cual este medio tiene copia. Dicho documento incluye las conclusiones derivadas de una intervención de las comunicaciones del congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en la causa 23-000087-0033-PE.

En este punto, es necesario mencionar que el caso Richter se dividió en dos expedientes. El 23-000087-0033-PE, en el que solo figura Bojorges. Y el 24-000059-0033-PE, que se sigue contra Sáurez; el viceministro de Transportes, Carlos Ávila; la alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez; la presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Marlen Luna; así como el regidor de Alajuela, Arturo Campos.

La separación responde que el legislador, en virtud de su cargo, tiene un fuero de protección, que por mandato del Código Procesal Penal debe tramitarse bajo un procedimiento especial.

Ahora bien, sobre la directora de Infraestructura, el informe policial hace referencia a la cercanía de esta con Bojorges y a como, supuestamente, fungió como mediadora en aparentes reuniones del legislador con la exministra del ramo, Anna Katharina Müller.

Tras el estallido del escándalo de presunta corrupción, Bojorges renunció a sus aspiraciones presidenciales y se separó temporalmente de su fracción; sin embargo, rechazó haber beneficiado de alguna manera a un autobusero de apellido Herrera, actualmente investigado por un megacaso de fraude registral denominado como Madre Patria.

Precisamente, ese vínculo y la aparente recepción de dádivas de parte del congresista fueron los que originaron el caso Richter. El legislador sostuvo que sus comunicaciones con el empresario se enmarcaron en una intervención que hizo por una comunidad de Alajuela; provincia que representa en la Asamblea Legislativa. También reconoció haber intercedido para que ayudara a Jiménez, quien entonces aspiraba a llegar a la alcaldía de San Ramón.