CCSS se adentra en un diciembre crítico

Para una mayoría, diciembre es sinónimo de fiesta, con tardes brillantes y despejadas, marcadas por una brisa que contagia de alegría a cualquiera. Esos vientos, sin embargo, no soplarán igual en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al menos no con los temas que trae a cuestas la institución para este mes.

La institución, una de las más importantes —si no es que la más— del país, encarará un cierre de año clave en dos de sus principales planos. Por un lado, el político, pues su presidenta ejecutiva titular, Marta Esquivel, se juega su futuro en el cargo en una audiencia judicial. Por el otro, el operativo, ya que un grupo considerable de su personal más especializado amenaza con renunciar.

Así, el ente que vela por la administración de los centros públicos de salud y la seguridad social del país está en una encrucijada, cuyos trabajadores sostienen que no tiene antecedente cercano en los 83 años de historia de la Caja.

​Inicio atropellado

La agenda está más que apretada. Si bien el calendario marca la primera fecha importante para el 2 de diciembre, esto lo dejaremos para después.

Al día siguiente, el 3, Marta Esquivel tendrá el inicio de una audiencia en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública. Está prevista que esta se extienda hasta el 4.

En ese espacio, el órgano jurisdiccional conocerá las siete apelaciones planteadas por la barra de la defensa contra las medidas cautelares dictadas el 10 de octubre pasado, en el caso policialmente conocido como Barrenador.

Valga recordar que, entre las disposiciones dictadas por el Juzgado Penal de la jurisdicción, destaca la suspensión del cargo de Esquivel y de otros tres miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, mientras se les investiga por supuestas intromisiones en una licitación, que derivaron en la compra de servicios médicos a cuatro cooperativas y una asociación.

Se desconoce cuándo resolverá el Tribunal Penal los recursos, pero se espera lo haga esa misma semana o la siguiente.

Valga recordar que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, nombró a Laura Ávila como presidenta ejecutiva interina, mientras se resuelve la situación jurídica de Esquivel.

Tampoco se sabe qué pasará con esa funcionaria si se confirma la separación del puesto contra esta última.

​En jaque

Líneas atrás se mencionó el 2 de diciembre. Ese día, la Junta Directiva sesionará para dar seguimiento a un acuerdo suscrito el 28 de noviembre, en relación con la crisis de especialistas.

Es necesario señalar que, tiempo atrás, ese gremio anunció que cientos de médicos saldrán de la institución en caso de que no se les mejoren sus condiciones laborales y salariales.

Las advertencias han sido recurrentes en los últimos seis años, tras la entrada en vigencia de las leyes de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y Marco de Empleo Público.

No obstante, las palabras empezaron a traducirse en hechos hace ocho meses. En abril, los especialistas renunciaron a sus guardias, lo que provocó un caos en los hospitales públicos.

Simultáneamente, algunos de estos doctores empezaron a renunciar, ya sea para tomar una oferta en el sector privado o en el extranjero, o para ser recontratados con el nuevo cálculo salarial que rige para los médicos de su tipo, el cual resulta más ventajoso que el que ostentan doctores con más de 20 años de experiencia, como reiteradamente ha indicado el presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), Mario Quesada.

Desde entonces, 77 doctores de este tipo abandonaron la institución, según lo dio a conocer el gerente médico de la Caja de Seguro Social, Alexander Sánchez. Solo cuatro han retornado y dos más están en proceso de hacerlo.

Cualquier esfuerzo se quedará a todas luces corto si se materializa la renuncia de 600 especialistas, anticipada para la segunda quincena del presente mes. Y en la institución, nadie puede hacerse de la vista gorda, pues el mismo 28 de noviembre, el jefe del Área de Control Interno, Berny Montoya, detalló que el impacto de esa situación sería “muy alto” en las operaciones ambulatorias y electivas, las hospitalizaciones, así como en las atenciones de emergencias que requieran valoraciones de emergenciólogos, radiólogos, cirujanos o anestesiólogos.

Un acuerdo de la Junta Directiva de ese mismo día instruye que la Dirección Jurídica rinda un criterio general sobre la situación, a partir de información que le proporcionará el Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED).

Este último órgano, por su parte, deberá solicitar una declaratoria de estado de emergencia institucional, tan solo un día más tarde.