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El representante legal de IDECO, Wálter Brenes, negó rotundamente que esta empresa renunciara a la construcción del Centro Cívico en El Roble de Puntarenas, como lo aseguró el Ministerio de Justicia, este domingo, en un comunicado de prensa.

En una declaración enviada a este medio, Brenes indicó que la Unidad Coordinadora del Programa (USP), mediante oficio PSCPV-USP-CG-RES-020-2024, con fecha del 22 de agosto de 2024, decidió suspender el proyecto de manera unilateral, por un plazo de hasta dos meses.

Esto se debe, según el abogado, a que la compañía que defiende solicitó el procedimiento de terminación de contrato por falta de pago, ya que se le adeudan $1.67 millones.

“De manera que mi representada no ha renunciado al proyecto, todo lo contrario, a pesar de no haber recibido orden de facturación desde hace más de tres meses y no recibir pagos desde hace dos meses, la empresa ha hecho frente a sus compromisos contractuales”, dijo Brenes a este medio.

Esas declaraciones contrastan con las emitidas por Justicia, en las que señaló a la constructora por abandonar los trabajos y ponerle fin al contrato de una manera que “carece de todo fundamento legal y contractual”. 

“La interrupción ilegal de los trabajos por parte de la empresa contratista podría acarrear consecuencias graves, ya que preliminarmente se está en presencia de un incumplimiento fundamental del contrato, lo cual prevé la aplicación de severas penalidades”, dijo el ministerio en el comunicado.​

“La USP debe ponerse al día con los pagos solicitados para concluir el proyecto. La realidad de las cosas es que, en este momento, hay obra ejecutada por $1.672.760,57 pendiente de revisión y pago. Este es un contrato por cantidades y precio unitario (se paga solo lo que está hecho y hay $1.67 millones, ejecutados a la espera de pago)”, respondió IDECO.

De acuerdo con Brenes, su representada está valorando elevar el asunto a la vía legal si “la USP no realiza los pagos de los avances pendientes y da orden de inicio para terminar el proyecto lo antes posible, en beneficio de la comunidad de El Roble de Puntarenas”. 

Teletica.com procuró una nueva reacción de las autoridades sobre el tema de la supuesta deuda. El ministro de la cartera, Gerald Campos, indicó que “a la empresa se le ha pagado, prácticamente, la totalidad del contrato”.

“Hay unas diferencias que la empresa pretende cobrar de más; esas diferencias superan casi los dos millones de dólares, situación que a mí me extrañó. Tengo en mi escritorio, en mi poder, la resolución donde la unidad ejecutora está haciendo una suspensión del contrato y está previniendo a la empresa. 

“Esto quiere decir que nos vamos a ir a resolver esas diferencias en la vía legal: le corresponde a la unidad ejecutora del BID hacer ese procedimiento junto con la empresa. Justicia lo que está es presionando para poder recibir la obra”, dijo el jerarca.

Declaraciones de Gerald Campos, ministro de Justicia: 

Justicia explicó que los Centros Cívicos por la Paz están destinados a ofrecer servicios de apoyo a la comunidad, especialmente a la niñez y la juventud. Estos son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en asociación con gobiernos locales y otras instituciones del Estado.

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