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La privatización de 108 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es investigada por la Contraloría General de la República (CGR).

De esa manera lo confirmó el ente auxiliar de la Asamblea Legislativa (vea video adjunto de Telenoticias).

"La Contraloría recibió denuncias en relación con el tema de consulta, en razón de las cuales abrió una investigación que actualmente se encuentra en curso.

"Además, se recibió una denuncia nueva del mismo tema y actualmente se encuentra en etapa de admisibilidad", indicó la oficina de prensa del órgano.

La decisión dar estos centros médicos en administración de terceros fue tomada por la Junta Directiva el pasado 6 de julio, cuando adjudicaron los centros de salud de Escazú, Santa Ana y San Francisco-San Antonio a la Cooperativa Coopesana; La Carpio de La Uruca y San Sebastián de San José a Asemeco; Pavas de San José y Desamparados a Coopesalud; Tibás a Coopesaín; así como San Pablo y Barva a Coopesiba.

Un informe de Auditoria revelado por este medio, arroja que la determinación fue tomada pese a los criterios financieros que calificaron el precio ofertado como excesivo y recomendaron declarar infructuosa la licitación.

Ahora, la adjudicación por 10 años le costará a la Caja más de ¢470.000 millones.

El ente que vela por la seguridad social defiende que para realizar la adjudicación se consideraron los descuentos ofrecidos por varios proveedores interesados, los cuales llegaron a los ¢270 millones.

Por su lado, el gerente de Coopersiba, Óscar Abellán, se manifestó satisfecho con la posibilidad de continuar 10 años como "aliado estratégico" de la Caja, en procura de complementar y fortalecer los servicios públicos de salud.

La decisión de la Directiva también la investiga la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), a partir de una denuncia de la Auditoría Interna.

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