Corte Plena obedece a Contraloría: acuerda cambios en pluses salariales

Este lunes la Corte Plena acordó finalmente plegarse al mandato de la Contraloría General de la República y acordó que los pluses serán montos nominales y no se calcularán como porcentajes del salario, además de que el pago de cesantía a los trabajadores judiciales bajará de 12 a ocho años. 

Esta decisión llegó luego de que el pasado 19 de diciembre, la Contraloría General de la República ordenó a la Corte aplicar los ajustes salariales de la reforma fiscal. 

Ambas medidas se incluyen en el Título Tercero de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como “Plan Fiscal”.

Los magistrados acordaron que las Direcciones de Gestión Humana, Jurídica y de Tecnologías de la Información continúen con la ejecución de un plan de trabajo en esta línea. 

Fernando Cruz, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, manifestó sobre el mandato que “deja poco margen de acción excepto en algunos temas que son complejos. En la práctica hay algunas dificultades muy serias para ejecutar esto en 24 horas o en 8 días, no sería en menos de un mes, dejando por fuera rubros que serían de aplicación inmediata como la cesantía”.  

En la parte dispositiva del acuerdo, declarado en firme este lunes, se incluyen los siguientes puntos:  

- Acatar lo resuelto por la Contraloría General de la República e implementar conforme a lo ordenado por el órgano contralor y al plan de trabajo presentado por la Presidencia de la Corte, lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635.

-Dictar como medida cautelar, la suspensión del artículo XIV, de la sesión de Corte Plena N° 11-2019 de 18 de marzo de 2019, a la espera de lo que resuelva la Sala Constitucional.

-La Presidencia de la Corte, con la colaboración de la magistrada Chacón y de los magistrados Solís, Sánchez y Olaso, darán seguimiento a la ejecución del plan de trabajo presentado a la Contraloría General de la República.

Los magistrados de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar debido a que existe una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolver.