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El diputado independiente Erick Rodríguez retó esta mañana al rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, a denunciarlo por prevaricato.

Rodríguez lanzó el desafío a Jensen en el marco de la comisión del Fondo Especial de Educación Superior (FEES), donde el rector compareció este lunes.

“Don Henning, denúncieme, yo como diputado le aseguro que en el momento en que esté la denuncia yo renuncio a ese fuero, no nos esperemos hasta el 2022. Esperemos que esas palabras que usted dijo no se las lleve el viento”, dijo desafiante el legislador.

El reto llegó luego de que los diputados cuestionaran a Jensen por sus palabras en el Consejo Universitario del 30 de junio anterior, en el que el rector aseguró que aspiraba a denunciar a todos los diputados por el delito de prevaricato luego de que estos aprobaran una reducción de ₡10.000 millones al FEES, decisión que motivó una acción de inconstitucionalidad por parte del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

“Yo no lo propuse, yo pienso que si los señores y señoras diputadas han cometido prevaricato en un asunto relevante e importante para la vida pública nacional creo que sería mi obligación proceder de esa manera, siempre que esa suposición tenga un respaldo jurídico y sólido.

“Fue mi opinión, no una propuesta”, defendió Jensen.

La prevaricación es cuando un funcionario judicial o administrativo dicta resoluciones a sabiendas de que son contrarias a la ley o se fundamenta en hechos falsos para hacerlo.

La acalorada discusión tocó también las denuncias contra el rector y su universidad por supuestamente incitar a los estudiantes a manifestarse en contra de la supuesta amenaza del Gobierno al FEES, cuando los rectores sabían que los dineros del fondo no se tocarían.

También se cuestionó la solvencia económica de la UCR, que se proyecta entre en crisis en menos de cinco años según su modelo salarial actual.

“El régimen salarial tiene que ser revisado más allá de lo que se ha hecho hasta hoy. Al día de hoy es insuficiente, es insostenible en este momento”, aceptó el rector.

La discusión sobre la sostenibilidad económica de las universidades fue precisamente la que provocó que el Ministerio de Hacienda intentara sin éxito obligar al traslado de ₡70.000 millones del FEES de gastos ordinarios (salarios) a capital (inversión).

Esa medida desató un airado movimiento social, aunque finalmente los propios rectores y grupos estudiantiles han aceptado la amenaza que los elevados privilegios salariales representan para la autonomía universitaria.