Dirección Jurídica de la CCSS advierte posible ilegalidad en formalización de contrato de Ebáis

La Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) advierte que ejecutar los contratos con las cooperativas para administrar los Ebáis señalados en el “Caso Barrenador” podría constituir un delito penal.

Así lo indica un criterio jurídico emitido el 17 de marzo, al que tuvo acceso Telenoticias.

En el documento se señala:

“No podrán ejecutarse los contratos dado que el acto viciado de nulidad absoluta no tiene la potencialidad de generar efectos jurídicos válidos.

“De igual forma, el acto absolutamente nulo no se vuelve legítimo si llegase a ser ejecutado… por el contrario, su ejecución podría configurarse como un delito de conformidad con los artículos 338 y 339 del Código Penal”.

La ampliación de este criterio se dio luego de que los abogados de la Caja recomendaran a la Junta Directiva declarar la nulidad absoluta y evidente de las adjudicaciones, al presentar los mismos vicios que identificó la Contraloría General de la República al anular una de las partidas adjudicadas, correspondiente al área de salud San Francisco-San Antonio.

Pese a este criterio legal, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, solicitó a la Gerencia Financiera un informe sobre cómo solventar el estudio de costos necesario para formalizar los contratos. Esto ocurrió luego de una reunión con representantes de las cooperativas.

La adjudicación hecha por la Caja se encuentra bajo investigación judicial por presuntos sobreprecios en el caso conocido como “Barrenador”.

Desde una de las cooperativas, Coopesalud, defienden la contratación y afirman que dichos sobreprecios no existen.

Hasta el momento, la Junta Directiva no ha tomado una decisión al respecto. El acuerdo de adjudicación cumple un año el próximo 6 de julio.