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La Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) y la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) han expresado su preocupación por el avance de tres proyectos de ley que buscan regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en el país.

Según ambas cámaras, la discusión separada de estas iniciativas impide un enfoque integral, lo que podría derivar en regulaciones fragmentadas y contradictorias. 

Los expedientes en cuestión son la Ley de Regulación de la Inteligencia Artificial en Costa Rica (23.771), la Ley para la Promoción Responsable de la Inteligencia Artificial en Costa Rica (23.919) y la Ley para la Implementación de Sistemas de Inteligencia Artificial  (24.484).

La alerta surge tras el reciente dictamen afirmativo en la Comisión de Derechos Humanos del expediente 23.919, ante el cual las cámaras advierten sobre posibles efectos adversos para la innovación y la inversión extranjera, debido a una regulación excesiva y poco adaptada a la realidad nacional.

El abogado especialista en derecho informático, Daniel Rodríguez, señaló que las iniciativas, tal como están planteadas, generan más incertidumbre que soluciones. 

"Regular la inteligencia artificial de la forma en que se está proponiendo en Costa Rica no resolverá las preocupaciones existentes. Además, muchas de estas propuestas se inspiran en la regulación de la Unión Europea, que no es aplicable a nuestra realidad ni a nuestras capacidades como país", explicó.

Rodríguez también cuestionó la falta de un debate técnico profundo e inclusivo. 

“Se aprobó un texto sustitutivo sin transparencia: nadie sabe de dónde salió, qué modificaciones se hicieron ni cómo se está desarrollando esta legislación. Se está legislando a espaldas de actores clave que podrían enriquecer la discusión”, advirtió.

El experto alertó que los proyectos actuales son demasiado específicos y rígidos, lo que los haría obsoletos rápidamente en un campo tecnológico en constante evolución. 

Rodríguez expresó preocupación por el avance del expediente 23.919, ya que, si bien incluye algunos aspectos positivos, también introduce requisitos burocráticos que podrían frenar la innovación en el país.

Si una startup en Costa Rica quiere desarrollar inteligencia artificial, ¿cómo se le puede exigir una autorización previa del Estado? Además, ¿quién definiría los criterios para otorgarla y bajo qué parámetros?”, cuestionó.

Por su parte, la diputada Vanessa Castro coincidió con las cámaras en sus preocupaciones sobre el expediente 23.919, pero defendió la propuesta que ella presentó, la Ley de Regulación de la Inteligencia Artificial en Costa Rica (Exp. 23.771).

“Me parece que es un proyecto que representa un esfuerzo importante, pero se vuelve rígido y estricto, especialmente tratándose de regulación tecnológica”, afirmó.

Finalmente, las cámaras empresariales instaron a la Asamblea Legislativa a conformar una mesa de trabajo con la participación del sector público, gremios tecnológicos, la academia y la sociedad civil. Su objetivo sería crear un proyecto unificado que responda a la realidad del país sin comprometer el desarrollo tecnológico.

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