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La Sala Constitucional estudia un nuevo intento por anular el decreto de emergencia sanitaria por la renuncia de especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Se trata de una acción de inconstitucionalidad planteada por el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), que ya fue acogida para estudio de los magistrados.

Este es el segundo recurso que la organización de trabajadores presenta contra la declaratoria. El primero correspondía a un amparo que fue rechazado por el Alto Tribunal, por considerar que esa figura no era la apropiada para hacer un control abstracto de constitucionalidad.

A la acción se le asignó el expediente 25-000358-0007-CO, que recibió el curso de los jueces el miércoles anterior.

En la resolución, de la que Teletica.com tiene copia, se confieren 15 días de audiencia a la Procuraduría General de la República (PGR), los ministerios de la Presidencia y de Salud, así como el Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC).

Los magistrados definieron en ese momento los “efectos jurídicos” del curso dado a la acción, incluido el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Valga recordar que esa norma tiene por objetivo informar a los tribunales sobre la existencia de una demanda de inconstitucionalidad, de manera tal que esto sea considerado antes de que se emita cualquier resolución final.

Así, el Alto Tribunal estableció entre sus reglas que la interposición del recurso no suspende la eficacia y aplicabilidad en general del decreto impugnado. También se subraya que, al tratarse de una acción directa, en la que se acude en defensa de intereses difusos y corporativos, no opera el efecto suspensivo por la mera interposición del recurso.

De igual manera, se puntualiza que, al tratarse de un alegato de omisión inconstitucional, no procede suspensión alguna.

A pesar de todo lo anterior, el sindicato sostuvo en un comunicado que la resolución frenó de manera indefinida los efectos de la declaratoria. Sobre ese particular, la Sala aclaró ante consulta de este medio que la norma consultada conserva su plena vigencia y aplicabilidad.

La organización de trabajadores mantiene que el decreto pretende que las vacantes dejadas por los especialistas sean ocupadas por profesionales que no han superado el tamiz de idoneidad del Colegio de Médicos.

"Este decreto violenta, en forma grosera, el bloque de legalidad y el derecho a la salud. Por medio de este decreto se ordena desaplicar los artículos de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos que regulan la verificación de la calidad de los médicos especialistas para que ejerzan en el país, dejando, de este modo, en desamparo a los ciudadanos, que no tendrían la certeza de las habilidades de los médicos que ingresarán al país a la luz de este decreto ejecutivo", explicó el asesor legal del sindicato, José Antonio Barletta.

Dicha declaratoria es cuestionada por el gremio en el tanto que consideran que no se sustenta en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, ni en el artículo 180 de la Constitución Política.

De ahí que, consideran los médicos, el Gobierno de la República se separó bloque de legalidad, a pesar de carecer de las condiciones necesarias.

"No nos encontramos ante una emergencia, sino frente a una falta de planificación administrativa y una falta de voluntad política de querer solucionar un problema que tiene años de haber sido evidenciado. El hecho de que los médicos especialistas no se mantengan en la Caja Costarricense de Seguro Social es consecuencia de una mala planificación administrativa y una serie de leyes malintencionadas que han sido promulgadas en los años recientes, que han afectado a todos los funcionarios públicos del país", mencionó el presidente del sindicato, Mario Quesada.

Además, el médico insistió que el problema es previsible y solucionable, y pudo haber sido resuelto a través de otras vías, a través de una mejora de condiciones laborales y salariales.

El Sindicato de Médicos Especialistas mantiene desde 2023 diferentes mesas de trabajo con autoridades de la institución administradora de los hospitales públicos del país, en procura de soluciones a problemáticas que afectan al sector; sin embargo, estas han topado con obstáculos.

Como muestra de estos, la organización señala una falta de voluntad de la Junta Directiva para aprobar la propuesta Políticas de Retención y Atracción para Médicos Especialistas (PRAME), o de la Asamblea Legislativa para aprobar el proyecto de ley 24.239, que prevé la migración de médicos del régimen de salario compuesto, a uno global.

Al respecto, Teletica.com mantiene en trámite una solicitud de posición del Ministerio de Salud.

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