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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobaron, este lunes, realizar una consulta a la Contraloría General de la República sobre la posibilidad de declarar Estado de Urgencia y Necesidad en el Poder Judicial, con el fin de reforzar la seguridad en los circuitos judiciales de Limón, Pococí y San José.

La medida, según la Corte, permitiría disponer de los recursos del Fondo de Emergencias del Poder Judicial para atender a estos despachos, los más golpeados por la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

“La Presidencia de la Corte gestionará la consulta ante el ente contralor con el fin de obtener una respuesta lo más pronto posible”, informó el máximo órgano del Poder Judicial.

Junto a esto, la Corte también aprobó, este lunes, instruir a todas las direcciones de ese poder de la República para que revisen sus presupuestos y redireccionen los recursos que puedan con el fin de “fortalecer la seguridad de las personas usuarias y el funcionario judicial”.

Finalmente, se aprobó la implementación del protocolo “Persona atacante activa” y la Guía de autoprotección para personas funcionarias del Poder Judicial, herramientas que forman parte del Proyecto Fortalecimiento de la Seguridad Institucional.

Todas esas decisiones llegan en medio del ataque armado que recibió el circuito judicial de Batán en diciembre pasado, así como el asesinato a balazos del subjefe del OIJ de Pococí, semanas atrás.

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