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El Presidente Luis Guillermo Solís Rivera firmó este jueves una directriz para ordenar una revisión integral e inmediata de los pluses salariales en todas las instituciones de la administración pública.

La Directriz 065-P instruye a los jerarcas de los Ministerios y de las Instituciones Autónomas y Semiautónomas para que ordenen a las oficinas de Recursos Humanos realizar “una revisión integral de los pluses salariales recibidos por el personal de la institución, a efectos de verificar que se ajuste a los requisitos legales correspondientes”.

La solicitud llega en medio del vendaval de críticas contra el Gobierno luego de que la prensa divulgara la investigación que pesa contra la viceministra de Presidencia Ana Gabriel Zúñiga, a quien se le acusa de haber recibido más de ₡30 millones por incentivos a los que no tenía derecho.

El caso, además, es el tercero en la administración Solís Rivera, pues en 2015 la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, aceptó haber recibido más de ₡11 millones por pagos de pluses que no le correspondían.

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Más tarde, a finales del año anterior, la Contraloría General puso en la silla caliente a la viceministra de Vivienda Ana Cristina Trejos, de quien señaló recibió ₡8 millones por desembolsos a los que no tenía derecho.

En el caso de las dos últimas ambas llegaron a acuerdos de pago para devolver las cifras que se le pegaron de más.

Zúñiga, sin embargo, defendió que en su caso los pluses sí están bien aplicados.

El Gobierno, por su parte, aseguró que será tajante e iniciará procesos admnistrativos para la recuperación de las sumas pagadas de más a aquellos empleados donde se detecten anomalías.

“En caso de que se detecten incumplimientos o anomalías en la recepción de los incentivos salariales, los jerarcas deberán iniciar, de oficio, los procedimientos administrativos para la recuperación de las sumas pagadas que no correspondían, así como adoptar medidas internas para evitar que estos errores vuelvan a presentarse”, finalizó el comunicado de Presidencia.