¿Qué situaciones vive el Poder Judicial que generan preocupación a relatora de ONU?

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, envió a Costa Rica una nota en la que externó su preocupación la interferencia del Poder Ejecutivo en el Judicial (vea video adjunto de Telenoticias).

Esa misiva ahonda recientes reformas legales y el hostigamiento por parte de la administración de Rodrigo Chaves hacia los magistrados y jueces.

La relatora cita en el documento, la información que ha recibido de que "el presidente de la República, habría generado una creciente tensión y persecución hacia el Poder Judicial y socavado la independencia judicial mediante ataques verbales a la judicatura y cuestionamientos infundados sobre la imparcialidad del sistema judicial, acompañados de etiquetado e insinuaciones, especialmente en ocasiones en que no está de acuerdo con las decisiones o sentencias emitidas". 

Agrega que "estas declaraciones públicas, mediante conferencias de prensa semanales, estarían contribuyendo a un entorno de confrontación y desconfianza, afectando negativamente la estabilidad de la justicia".

En ese sentido, la relatora recordó que "la situación descrita en Costa Rica sería incompatible con las normas internacionales sobre juicio justo que establecen que el Poder Judicial debe funcionar sin restricciones, influencias indebidas, presiones o amenazas".

Ahonda en que las manifestaciones contrarias a la Corte Suprema de Justicia de parte de figuras de alto rango —como Chaves— por decisiones tomadas en el curso normal de sus funcionarios resulta "especialmente preocupante" dado su nivel de influencia en la percepción ciudadana del Poder Judicial, reseñó Satterthwaite.

Otros puntos de preocupación para la relatora incluyen las modificaciones que la Asamblea Legislativa aprobó al régimen de pensiones de la Corte, así como la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y de la Ley Marco de Empleo Público; así como el impacto que estas han tenido en el Poder Judicial.

Valga recordar que la primera fue aprobada en el periodo constitucional de 2016-2018, mientras que las otras dos fueron promovidas por el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022).

Hasta la fecha, Chaves no se ha pronunciado sobre la carta enviada por Satterthwaite.

Sin embargo, debe hacerse ver que la relatora dio 60 días al Poder Ejecutivo para referirse a los señalamientos y pidió tomar las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de los integrantes del Poder Judicial.