Última Hora

La Presidencia de la República anunció este martes que llegó a un acuerdo de pago con la viceministra Ana Gabriel Zúñiga por el pago de casi ₡30 millones que esta recibió como reconocimiento por una prohibición que no le correspondía.

La misiva enviada a los medios de comunicación resalta que con esto se cierra el procedimiento administrativo abierto contra la viceministra de la Presidencia, parte de un escándalo que golpeó a la administración Solís Rivera y que incluyó a otros funcionarios como la exviceministra de Vivienda Ana Cristina Trejos, la viceministra de Gobernación Carmen Muñoz, el ministro de Turismo Mauricio Ventura, el viceministro de Paz Víctor Barrantes y la exviceministra de Agricultura Gina Paniagua.

“Hoy anunciamos que la viceministra Ana Gabriel Zúñiga Aponte devolverá la totalidad del dinero que ella recibió por concepto de prohibición desde el inicio de este Gobierno. Le damos a la ciudadanía una prueba más de la contundencia, que en el tema de la transparencia, la administración Solís Rivera tiene como norma y como compromiso fundamental”, aseguró el comunicado.

Lea también: Presidente Solís solicitó revisar pluses salariales de empleados públicos

Según este, Zúñiga ya reintegró ₡7.980.360 el pasado 5 de mayo y ahora pagará en tres tractos de ₡6.342.749 los ₡19.020.383 que aún adeuda al Estado.

“Los pagos se realizarán en los meses de agosto 2017, diciembre 2017 y marzo 2018.  No los cancela de una vez, ya que no tiene el dinero suficiente para hacerlo en una única operación”, añade la información.

En el caso de Trejos la exviceministra devolvió los ₡10 millones que le fueron pagados por error, lo mismo que Muñoz quien ya descontó ₡8 millones gracias a un arreglo de pago.

En el caso de Ventura reintegró ₡3 millones. Contra Barrantes hay un procedimiento en el Ministerio de Justicia y para la exviceministra Paniagua se está ejecutando un proceso de cobro.

Presidencia aseguró que todavía están recibiendo informes de otras dependencias acerca de lo ocurrido en Administraciones anteriores desde el año 2006.

“Todavía la información está siendo analizada, corroborada y tabulada, pero es un hecho que en los pasados gobiernos hubo casos similares a los que nos afectan hoy. En el pasado estas situaciones  de pagos que no correspondían nunca fueron identificadas, ni denunciadas y nunca hubo reintegro de los recursos”, añadió el comunicado, quien defendió que en todos los casos se trató de un error humano y no de un tema de corrupción.