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El Plenario Legislativo aprobó, este martes, una dispensa de trámite para el expediente 24.239, que defiende la exclusión de los médicos especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de las restricciones salariales de la Ley Marco de Empleo Público.

La propuesta, de la liberacionista Kattia Rivera, defiende que estos médicos puedan pasar de un salario por componentes (compuesto) al salario global, para permitir así aumentos en sus remuneraciones y de esta forma frenar la fuga de especialistas que en este momento sufre la institución.

“Este no es un asunto sobre el riesgo financiero, es un asunto sobre la vida de miles y miles de costarricenses, no es un asunto nada más que de las finanzas de la Caja, que claro que importa que estén bien, es un asunto de salud pública, porque quién va a atender a la gente si se da un parón por parte de las personas profesionales especialistas.

“Cómo ponemos en riesgo la vida de la gente en nombre de supuestos riesgos financieros, pero sÍ hay preocupación de dónde sale la plata, ¿saben de dónde va a salir? De lo que no se van a poder robar del caso Barrenador, porque dichosamente se los frenaron”, insistió el frenteamplista Jonathan Acuña.

Esa dispensa de trámite, que evitará que el proyecto pase por comisión, fue ampliamente cuestionada por el oficialismo, que cuestionó que aún no existen estudios sobre el impacto económico de esa decisión.

“Qué fácil es aprobar algo sin datos, eximir a este proyecto de trámite para no poder escuchar a las partes. ¿Y qué hacemos con los policías? ¿Los bomberos? ¿Los maestros y profesores? Lo que están haciendo es pasearse en la Ley de Empleo Público, es permitir que un grupo se salga de esa ley, que todos ganen salarios globales, no sabemos a qué costo y no sabemos cuánto va a costar cuando todos los empleados vengan en fila a pedir los mismos privilegios.

“Por supuesto que es una cuestión de vidas, nadie lo duda, pero los especialistas no trabajan gratis, cobran, y son los empleados más caros de la CCSS y posiblemente de todo el sector público; entonces, ¿quién de los diputados aquí sabe cuál es el impacto sobre las finanzas de la Caja? Ninguno”, aseveró Pilar Cisneros.

Junto a ellos, también se opusieron los diputados del PLP, que precisamente dijeron esperar primero a conocer el impacto en las finanzas del Estado y también los criterios de discriminación entre los empleados públicos.

La dispensa de trámite pretende que el proyecto avance antes de que el parón que, según se rumora, podría impulsarse entre los especialistas de la Caja en las próximas semanas, que amenaza con poner en jaque el trabajo de la institución.

Esa decisión también debe acompañarse de la convocatoria del Gobierno del expediente, pues a partir del lunes será el Ejecutivo el que controle la agenda de los diputados.

"Es la vida del pueblo costarricense y la salud la que trabaja junto con el velar de las personas especialistas. Gobierno, convoque este proyecto, porque si no lo hace, sobre su espalda cae lo que suceda", finalizó Ariel Robles.

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