¿Cuál es el balance de las dos grandes investigaciones del Congreso en este 2023?

La investigación del financiamiento de los partidos políticos en la pasada campaña presidencial y el análisis de los contratos del Gobierno con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), fueron sin duda los dos grandes temas de este 2023 en la Asamblea Legislativa.

Las dos comisiones especiales han concentrado los focos de atención en un año marcado por el control político y los airados roces con Poder Ejecutivo del presidente Rodrigo Chaves, un nombre que se repite en ambas investigaciones.

La primera, la de financiamiento, ya suma más de un año en Cuesta de Moras con revelaciones intermitentes para las tres agrupaciones investigadas: Progreso Social Democrático, Liberación Nacional y Nueva República.

Ese largo trámite, con decenas de comparecientes y consultas, ha sido criticado por el oficialismo por perseguir más el "show político" que la búsqueda de elementos relevantes que justifiquen la investigación legislativa paralela a la judicial.

En la otra acera, en cambio, la oposición insiste en que sus hallazgos son relevantes para demostrar, principalmente, que hubo estructuras de financiamiento paralelas en la campaña anterior, como así han dejado entrever audiencias que señalan gastos aparentemente no reportados.

​La comisión de Sinart, en cambio, apenas arrancó en octubre, pero ha dado grandes réditos a un órgano que se dice sorprendido por la cantidad de información que siguen originando las pesquisas.

“El gran hallazgo en financiamiento sin duda es que hay espacios abiertos, puertas giratorias en nuestro Código que deben limitarse y que sin ninguna duda nos llevan a un análisis y a una reforma de nuestra legislación.

“Por eso la recomendación está claramente en solucionar la necesidad que tenemos de ampliar las limitaciones en nuestro Código Electoral, pero sin dejar de lado que hubo ingresos poco claros en la campaña, que no sabemos de dónde vienen y eso también afecta nuestra democracia y es algo que con enorme recelo debe vigilarse”, aseguró la presidenta del órgano, Dinorah Barquero.

En esa comisión también está la socialcristiana Vanesa Castro, quien además preside la de Sinart.

“La comisión de financiamiento sin duda ha tomado mucho tiempo, pero creo que sí que nos ha permitido que tengamos los elementos para un dictamen final muy sólido y eso hace que pensemos que ha sido un trabajo productivo, pero el riesgo es que el gran aporte que se va a hacer en esas reformas y cerrar esas fisuras va a tomar tiempo.

“Sinart, en cambio, es una comisión que ha ido generando resultados inmediatos y pasando datos que incluso que las autoridades no tenían en su totalidad, así que somos optimistas en un informe igualmente oportuno y rápido para el tema del Sinart, porque es una comisión que no deja de sorprendernos, justo cuando creemos que ya no podemos ver alguna otra cosa en la siguiente sesión aparecen nuevos datos muy relevantes que incluso deja conclusiones fuera del objeto de la comisión”, aseguró Castro.

“Sinsabor”

El contrapeso en ambos órganos es la oficialista Ada Acuña, la cara más asidua en la defensa del Ejecutivo en ambos temas, especialmente luego de que Pilar Cisneros renunciara a participar en la comisión de financiamiento.

Su valoración de ambas investigaciones es mixta: con financiamiento critica su falta de planificación y “evidente tinte político”, mientras que en el Sinart acepta que los hallazgos apuntan a irregularidades que deben investigarse y sentar responsabilidades.

“Yo honestamente me voy con un sinsabor de la comisión de financiamiento. Llevamos casi un año de que inició este proceso y hay una falta completa de capacidad de gestión y manejo por parte de esta comisión en cuanto a cosas básicas, por ejemplo, hemos perdido muchísimo tiempo al no tener una calendarización ordenada y lógica de comparecientes.

“Se ha tenido un tinte completamente político y se ha prestado exclusivamente en algunos de los casos para afectar o golpear políticamente a lo que es la fracción oficialista y en este caso al Gobierno, dejando de lado las necesidades de reformas estructurales que tienen que ver con la ley electoral de nuestro país, y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos”, cuestionó.

Acuña adelantó que, en el panorama actual, sería firmante de un dictamen de minoría en el órgano, pues la rendición de ese documento final se espera para enero.

En Sinart, por el contrario, la oficialista reconoce que los hallazgos sobre los contratos que el Gobierno firmó con la agencia del Sinart y esta a su vez con diferentes medios de comunicación e instituciones públicas, debe investigarse en profundidad, pero sin buscar el cierre de esa entidad.

“Sí hay cosas que se tienen que investigar, que sí tienen asidero y que hay que revisar a la luz de la nueva Ley de Contratación Pública para determinar cuáles han sido los errores, en dónde se perdió el rumbo en algunos de los elementos de las contrataciones, los debidos procesos y sobre todo, algunas recomendaciones que ha hecho la Contraloría General de la República.

“Entonces me parece que sí, que hay que investigar, que hay que profundizar y que hay que analizar realmente la toma de decisiones que se han dado en ese sentido, pero soy del criterio que hay que fortalecer al Sinart, no desaparecerlo como han querido hacer algunos”, enfatizó.

Menos sorprendido se dice Ariel Robles, otro común denominador de ambos órganos y posiblemente el crítico más ácido del Ejecutivo en los dos temas.

“Las comisiones investigadoras yo creo que nunca habían tenido un rol tan importante en el control político de una administración; porque bueno, las comisiones justamente son las que revelan actos absolutamente irregulares que se dieron tanto en una campaña electoral, en el caso de la campaña don Rodrigo Chávez, y también parte de la campaña de Liberación Nacional con el “Salto al vacío”.

“Costa Rica entendió ahora que los procesos electorales tienen una dinámica diferente, donde los partidos pequeños pueden llegar a ganar una elección, pero que tenemos que revisar la legislación porque no es posible que, como sucedió en esta elección, el fin justifique cualquier medio, que yo diga quiero ganar una elección y no importa lo que haga”, criticó Robles.

“Con el Sinart los hallazgos no nos sorprenden, lo habíamos denunciado desde mayo. Lo que hemos visto en la comisión primero es que se brincaron toda la legislación, que evitaron todos los estudios, que se dedicaron a hacer de las excepciones la regla e hicieron ver lo excepcional como normal”, añadió.

Ese órgano, hasta ahora, ha conseguir revelar audios y sumar voces que reconocen presiones desde el Ejecutivo para contratar a Sinart y su agencia incluso por encima de criterios técnicos.

​Financiamiento recibirá el próximo lunes 8 de enero, por segunda vez, al exasesor presidencial Federico Cruz “Choreco” y luego valorará llamar a cuentas a la oficialista Pilar Cisneros y al propio Presidente Chaves.

La de Sinart, en cambio, aún tiene a más de 100 comparecientes en lista de espera, pues se aprobó llamar a más de 60 representantes de medios de comunicación.