Política
Diputada: Borrador de reglamento de fracción del PLN es propio de un "régimen totalitario"
El jefe de la bancada, Óscar Izquierdo, afirma que la versión final del documento fue aprobada tras la discusión de las observaciones planteadas por los integrantes de la fracción, incluidas algunas de Carolina Delgado.
Paulo Villalobos 12/3/2024 10:30
La diputada Carolina Delgado Ramírez advirtió que la propuesta de reglamento de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), de la que es parte, es "propia de un régimen totalitario".
Desde su perspectiva, el borrador de esa normativa demanda una "obediencia absoluta" a disposiciones emanadas de distintos órganos de la agrupación verdiblanca que, de no ser acatadas, pueden derivar en eventuales procesos ante el Tribunal de Ética y Disciplina (TED) y posibles sanciones.
Esto se daría "al mejor estilo de la época de la Inquisición", según se describe en el oficio AL-FPLN-CDR-013-2024 —del que Teletica.com tiene copia— que Delgado Ramírez dirigió al jefe de bancada, Óscar Izquierdo Sandí, el 14 de febrero.
Pero este último sostuvo, en conversación con este medio, que los cuestionamientos de Delgado Ramírez, así como los planteados por otros integrantes de la fracción, fueron oportunamente valorados en una encerrona que tuvo lugar nueve días más tarde. Ahí, la bancada aprobó "por consenso" la versión final del reglamento, acogiendo diferentes observaciones planteadas, a lo largo de nueve meses, a tres o cuatro borradores.
La misiva retoma una serie de cuestionamientos que la congresista comunicó el 4 de agosto, pero que fueron ignoradas, según se desprende de la propia comunicación.
Seguidamente, el oficio hace un análisis de cada uno de los artículos que considera incluso inconstitucionales.
Delgado Ramírez cuestiona, a modo general, que el reglamento venga a limitar el disenso, al tiempo que reprocha que se instale una línea partidaria impuesta por encima incluso de los electores.
"Lamento que el contenido del Reglamento de Funcionamiento de Fracción Legislativa que ha sido sometido a mi conocimiento, desconozca estos principios y, por el contrario, pretenda perseguir a quien disiente, generando prácticas antidemocráticas en el sentido de que se pretende que los diputados seamos simples mandatarios del criterio de las autoridades del partido y no del pueblo costarricense que nos ha elegido en las urnas, anulando la posibilidad de expresar posiciones basadas en criterios fundamentados y convirtiéndonos en instrumentos de votación irreflexiva", se extrae de la carta.
Izquierdo Sandí reconoció que recibió al menos un correo electrónico de parte de Delgado Ramírez, aunque aseguró que eso había sido hace "varios meses". Descartó que su compañera en alguna oportunidad se refiriera en los términos de "totalitario" en la reunión realizada el 23 de febrero.
Enfatizó que la versión final debe verse "integralmente" y aseguró que en esta existe una "amplitud suficiente para poder discernir".
Controvertida versión
La diputada Carolina Delgado Ramírez cuestionó la propuesta de normativa desde su ámbito de aplicación, al señalar que, pretender que su acatamiento sea obligatorio, contraviene la jurisprudencia de la Sala Constitucional y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) respecto a que los legisladores tienen "un mandato de representación y no un mandato imperativo".
Ese argumento es la base del resto de señalamientos que se hacen al documento.
Bajo esa línea, insiste en que todo parlamentario "es jurídicamente independiente y tiene plena libertad para ejercer su cargo, en representación y en beneficio del pueblo en su integridad, conforme su leal saber y entender, por lo que en su actuar no está sometido a la voluntad o pertenencia a determinado partido político".
Se cuestiona que, al establecerse que toda actividad política debe reflejar la estrategia y tácticas adoptadas por la Asamblea Plenaria y el Directorio Político de Liberación Nacional, impediría que se reflejen también las consideraciones técnicas, jurídicas o económicas, o la libertad de conciencia de los diputados.
Se puntualiza que en el numeral 6, se establece que la fracción legislativa debe atender el criterio que emita el Directorio Político (inciso b), así como la línea de acción política del partido (e).
"Aceptar este inciso (e) sería considerar a los diputados como simples intermediarios de la voluntad de líderes partidarios por sobre la ciudadanía, cosa que resulta contraria a los más elementales principios democráticos, en especial a lo dispuesto por los artículos 2 y 4 de la Carta Magna", amplía la misiva.
En el punto f, las observaciones van más allá.
"Constituye una peligrosa herramienta de persecución política, contraria a los principios del pluralismo democrático y una práctica propia de los regímenes totalitarios, pues estaría formalizando la persecución política hacia quien manifieste posiciones diferentes, con lo cual se violentaría el sistema democrático", reza el texto en este apartado en particular.
De igual forma, se cuestiona la obligatoriedad de que los congresistas deban acatar los acuerdos de bancada, así como el deber de informar a la jefatura de fracción sobre cualquier reunión privada con la Presidencia de la República, entre otros aspectos que introduce el reglamento.
"En conclusión, las observaciones vertidas sobre esta propuesta de reglamento apuntan hacia una preocupación que se resume en la vulneración a los más elementales principios democráticos que deben caracterizar al partido. Es importante recordar que los partidos políticos deben respetar el ordenamiento jurídico según lo establece el inciso e) del artículo 52 del Código Electoral y todos estos comentarios muestran que, con este reglamento, Liberación Nacional estaría faltando a esa obligación para con la ley y para con el orden constitucional, tirando por la borda el legado que se ha forjado a lo largo de los años.
"Lamento sobremanera que se visualice el disenso, el debate y la discusión como elementos negativos y se pretenda que los diputados deban ser autómatas que obedezcan criterios emanados de autoridades del partido que no están legitimados por la ciudadanía a través del voto para tomar decisiones públicas. Pero más me aflige ver que un partido que históricamente se constituyó como pilar de la democracia costarricense, pretenda adoptar prácticas tendientes a destruirla".
Proceso de construcción
Óscar Izquierdo Sandí explicó que la fracción coincidió tiempo atrás en la necesidad de crear un reglamento. Fue entonces cuando se dio a la tarea de redactar uno, junto a la subjefa Alejandra Larios Trejos.
El texto inicial fue sometido a consulta y discusión de los integrantes de la bancada, hasta su aprobación final, en una encerrona celebrada el 23 de febrero. De ahí que existen entre tres y cuatro versiones distintas, cada una con sus planteamientos específicos de cada diputado.
Aquel día, la fracción conoció artículo por artículo lo establecido en el documento, acogiéndose algunos de los cuestionamientos de los legisladores verdiblancos.
La versión final está en redacción y se espera que en uno o dos días este sea circulado a la bancada.
Consultado específicamente sobre los señalamientos de Carolina Delgado Ramírez, explicó que algunos se acogieron y otros no; no obstante, Izquierdo Sandí dijo no recordar cuáles sí y cuáles no se adoptaron.
Uno de los que sí aceptó que no fue incorporado fue el planteado contra la obligatoriedad de la normativa, ya que, desde su perspectiva, no tendría sentido aprobar un reglamento que no tenga tal carácter.
Consultado sobre el particular, de si contempla la apertura de procedimientos disciplinarios por apartarse de la línea que siga Liberación Nacional, el jefe de fracción respondió:
"Sí, me parece que sí (existe algo al respecto). Hay que verlo integralmente. El tema es que puntos son de acatamiento obligatorio de un diputado y cuáles no. Porque se deja un espectro muy amplio para poder discernir. Hay una amplitud suficiente para poder discernir. En casos extremos, en donde hay una posición de partido, y que sea de carácter obligatorio, será de carácter obligatorio. Pero en casos extremos", indicó.
Se mantuvo también el deber de informar a la jefatura de bancada sobre toda reunión privada que vaya a sostener un parlamentario con la Presidencia de la República; aunque se suprimió la potestad del jefe de fracción de asistir al encuentro, de acuerdo con Izquierdo Sandí.
Respecto a la versión final del reglamento, se procuró conversar con Delgado Ramírez, pero esta no atendió a la llamada hecha a su teléfono celular.
Distanciamientos previos
El paso de Carolina Delgado Ramírez por la Asamblea Legislativa ha estado marcada por las constantes tensiones con su fracción.
Las diferencias iniciaron durante la discusión sobre eurobonos, en donde la congresista se alejó de la posición que tenía con el resto de su bancada, al tiempo que se alineó con las pretensiones del Gobierno de la República.
Otro distanciamiento evidente se dio durante el trámite de una reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada, donde no solo se apartó de la visión de Liberación Nacional, sino que también llenó de mociones la iniciativa, cuya aprobación era urgida por el fiscal general Carlo Díaz Sánchez.
Tal posición motivó la apertura de una pesquisa de oficio en el Tribunal de Ética y Disciplina (TED) de la agrupación. El proceso a final de cuentas fue anulado por asuntos de forma por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE),
Además, su compañero Gilbert Jiménez Siles la exhortó a renunciar a las tiendas verdiblancas, en virtud de la "obstrucción" que lideró al proyecto de ley.
Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue su cercanía con el mandatario Rodrigo Chaves Robles, durante su discurso del Día de la Anexión del Partido de Nicoya de 2023. A raíz de su participación en aquel acto, la agrupación política le abrió una investigación a Delgado Ramírez, por la que el 8 de agosto de ese año fue suspendida por ocho meses.
La sanción incluía su separación de las reuniones de la fracción por el periodo mencionado.
Esa determinación, sin embargo, también fue anulada por la Autoridad Electoral, luego que se identificara que el proceso disciplinario estaba viciado e incumplió con las garantías de la diputada.
