En firme ampliación de plazos para denuncia y prescripción de acoso sexual

Con el voto afirmativo de 38 diputados este lunes quedó aprobado en segundo y definitivo debate el expediente 21.749, que amplía de 2 a 8 años el plazo para la denuncia y prescripción de casos de hostigamiento o acoso sexual en espacios educativos o laborales.

El proyecto reforma el artículo 38 de la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia que actualmente establece en dos años el plazo para interponer una denuncia.

Ese límite supone, por ejemplo, un problema para las víctimas en el sistema educativo, que por miedo a reencontrarse con el profesor o profesora y evitar represalias no denuncia.

Así, un plazo mayor permitiría combatir esta situación, lo mismo en el empleo.

Precisamente el frenteamplista José María Villalta precisó que el proyecto de ley se originó a partir de las denuncias y movimientos universitarios que se originaron en centros de enseñanza pública como la UCR o el TEC.

“Los plazos que establece actualmente la ley son cortos y representan un obstáculo para que las víctimas inicien el proceso respectivo. No hay que olvidar que las relaciones de poder repercuten en el tiempo que le puede tomar a una persona establecer la denuncia, por lo que es justo ampliar el plazo como forma de fortalecer la cultura de la denuncia”, había dicho el oficialista Enrique Sánchez, proponente de la iniciativa, durante el primer debate.

Este lunes también se aprobó en segundo debate la reforma al Código Electoral para promover la transparencia en los procesos electorales y hacer obligatoria la presentación de planes de gobierno a los candidatos presidenciales.

También se declaró el benemeritazgo para el hogar de ancianos Santiago Crespo Calvo.

Finalmente los diputados continuaron con la discusión de la polémica condonación de deuda a los morosos con la seguridad social, debate que nuevamente se centró en Villalta como principal detractor del proyecto y el proponente Pedro Muñoz.

El primero insistió en que el trámite del proyecto por parte del socialcristiano es un acto de corrupción, pues este no informó que él podría ser uno de los beneficiados ya que le adeuda ₡40 millones a la seguridad social.

Villalta lo acusó de legislar en beneficio propio.

Muñoz respondió, como hizo la semana anterior, que él no buscará ser parte de esos beneficiados con la ley y que además su deuda con la Caja está en disputa administrativa y penal.

Retó además a Villalta, nuevamente, a denunciarlo penalmente para aclarar su situación en los tribunales.