Política
Exfiscal general propone a diputados reforma para ‘juzgamiento en ausencia’
La figura permitiría que los juzgados incluso condenen a personas en rebeldía o que se ausenten de los procesos judiciales.
Juan José Herrera 12/1/2025 08:41
El exfiscal general, Francisco Dall’Anese, presentará a los diputados una reforma para permitir en Costa Rica el “juzgamiento en ausencia”.
Se trata de una reforma al Código Procesal Penal que permitiría a los juzgados continuar con trámites judiciales incluso cuando los imputados sean declarados en rebeldía o se ausenten, por decisión, de los procesos.
La idea, que surgió en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Colegio de Abogados, pretende añadir una serie de numerales a la ley con el objetivo de combatir la impunidad por prescripción.
“La prescripción para perseguir los delitos corresponde a un tiempo igual a la pena máxima con la que se sanciona ese delito, que no puede ser de menor de tres años ni superior los 10 años; entonces, con esa preocupación de que los reos se ausentan del proceso y que cuesta mucho localizarlos, sobre todo los de crimen organizado porque tienen recursos para esconderse, viajar o para lo que sea, encontramos como solución el juzgamiento en ausencia.
“El proyecto va enfocado a la persona que es notificada o que es citada o que ha sido indagada, que ya está vinculada al proceso de alguna manera, tiene noticia de que se le sigue causa y se ausenta. En nuestro concepto, esa ausencia no se le puede cargar al Estado y sancionar luego al Ministerio Público con una prescripción de la causa, sino que se debe interpretar como una renuncia voluntaria del acusado a ejercer su defensa material”, explicó Dall’Anese.
Colchón
El exfiscal explicó que, con esa figura, se evitaría la prescripción de la acción penal, que es precisamente la potestad de perseguir y acusar que tiene el Ministerio Público.
De aprobarse el cambio, esos plazos se reiniciarían con cada etapa procesal, por ejemplo, la indagatoria, audiencia y, eventualmente, condena.
“Si se puede juzgar en ausencia, el proceso seguirá avanzando y habrá convocatoria a audiencia preliminar y habrá sentencia y todo esto interrumpirá la prescripción y empezará a correr de nuevo; entonces, ahí se salvaría el tema de la prescripción.
“Ya con eso se le da un colchón enorme al Estado para que pueda tratar al reo rebelde y los privilegios que tiene ahora, porque ahora está en peor situación el que se somete a la justicia que el rebelde”, añadió.
Dall’Anese aseguró que el proyecto llegará al Congreso en las próximas semanas, pues antes quieren estar seguros de que no contravenga ningún convenio internacional.
Lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que la persona tiene derecho a defenderse, tiene derecho a estar en el proceso, tiene derecho a combatir la prueba, tiene derecho a argumentar.
“Por eso es que, en nuestra idea, este juzgamiento en ausencia solo podría ser para la persona que ya conoce la existencia del proceso, no para la persona que ni siquiera ha sido citada, ni siquiera ha sido notificada, y que de repente se fue a vivir al exterior sin saber que había un proceso en su contra. Pero el que ya lo sabe y se ausenta, es porque está renunciando voluntariamente a sus derechos para combatir prueba y argumentar y contraargumentar”, dijo.
De igual forma, la persona condenada en ausencia podrá apelar esa sentencia una vez que se someta al proceso.
“Un sistema similar tenía Francia y lo que estamos ahora es viendo si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de alguna manera se pronunció sobre esto. En Francia se juzga en ausencia, y una vez que aparezca el condenado, se le concede un plazo para que presente el recurso de anulabilidad. Ese es el modelo que estaríamos tratando de usar.
“Tenemos que hacer una comparación de lo que estamos haciendo con las sentencias del Acuerdo de Derechos Humanos para evitar que después sea de alguna manera o declarado inconstitucional por la Sala o que el asunto suba al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que condenen a Costa Rica”, aseveró.
El proyecto ya fue anunciado a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, que sería la encargada de su análisis y eventual dictamen.