Expertos coinciden: Ningún proyecto actual tendría un impacto inmediato en combate a criminalidad

Ni los cinco proyectos de ley que presentó el gobierno de Rodrigo Chaves, ni los 22 recientemente convocados a solicitud de los diputados, tendrían un efecto inmediato en la guerra de Costa Rica contra la inseguridad y el crimen organizado.

Ese es el veredicto de tres expertos en materia de seguridad consultados por este medio para analizar las 27 propuestas que, desde el Ejecutivo y el Legislativo, se plantearon como prioridades para combatir la crisis que enfrenta el país.

En esa amplia lista hay propuestas que los expertos catalogan como valiosas, correctas y urgentes, pero que son imposibles de operativizar en sus redacciones actuales; o bien, de echar a andar incluso antes de que acabe el próximo año.

“Los proyectos de ley son para el mediano y el largo plazo, ninguna ley opera en el cortísimo plazo porque requiere un trámite, un reglamento, todo eso está probado que en este país requiere tiempo, sin contar los filtros de constitucionalidad que hay que superar en procedimientos penales, migratorios, de tratados internacionales… Todo eso es tiempo.

“El mejor ejemplo es la ley de crimen organizado, que con todo el consenso, tomó tiempo. Entonces las leyes responden a la política más que a la contingencia, y en este momento, la urgencia es contener la ola de criminalidad”, sentenció el exministro de Seguridad, Álvaro Ramos.

Para él, propuestas como quitarle la nacionalidad a extranjeros naturalizados que cometan delitos en el país o permitir las escuchas telefónicas en investigaciones contra el crimen organizado, ambas dentro de esa lista, son urgentes, pero sus frutos no frenarían, ya, la histórica ola de homicidios en el país.

“¿Qué sí lo haría? Plazas y recursos para las fuerzas policiales, el OIJ y el Ministerio Público. Eso es lo que sí haría un cambio, por eso es que no se puede pensar en términos legales, sino de contingencia, es una crisis de contingencia lo que tiene el país.

“Las leyes van a traer mejorías y hay que discutirlas, pero no tienen efectos inmediatos”, aseveró.

En idéntica línea opinó el exdirector de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, partidario de que solo la inversión de recursos, y mediante vías extraordinarias, podría tener una incidencia real en los problemas que más golpean a Costa Rica.

“Los presupuestos no son inmediatos, los extraordinarios se van otorgando en diferentes plazos y los tiempos para ejecutar son más cortos, entonces si no se aprueban mecanismos excepcionales de contratación, las autoridades se ven muy presionadas para ejecutarlos.

“El mejor ejemplo está en la movilidad: hoy se necesita renovar más del 70% de la flotilla vehicular y le puedo decir con certeza que en este momento no existen contratos habilitados para compra de vehículos y el proceso que lleva la construcción de ese cartel, los plazos, la licitación y hasta llegar la adjudicación es muy largo, si todo sale bien eso llega a finales de 2024 o más, entonces no vale solo con dar recursos, sino dar mecanismos excepcionales de contratación, pero sin poner en riesgo esos recursos con corrupción o alguien que quiera aprovecharse”, afirmó.

¿Qué tiene esa lista?

 El Gobierno de Rodrigo Chaves presentó, desde abril pasado, cinco iniciativas “urgentes” para ese combate a la criminalidad: La Ley para Restaurar la Seguridad Pública y Contener a los Delincuentes que Representan un Peligro para la Sociedad (Expediente 23.692); la Ley para Adecuar la Respuesta de la Justicia Penal Juvenil a los Retos de la Criminalidad Violenta y la Delincuencia Organizada (23.691); la Ley para la Modernización de la Intervención de las Comunicaciones (23.690); la reforma a los Artículos 7, 88, 88 Bis y 88 Ter, de la Ley N°7530 de Armas y Explosivos y sus Reformas (23.689) y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional (Expediente 23.688).

Todos estos fueron convocados de manera casi exclusiva para estas sesiones extraordinarias y desconvocados en un arrebato del mandatario en Pococí, cuando les dijo a los diputados que ante el rechazo de ellos a esas propuestas, les trasladaría la responsabilidad del combate a la criminalidad al Congreso y que todas las semanas la responsabilidad de las muertes vinculadas a la no aprobación de esas leyes recaería en ellos y los jueces.

Los expertos, si bien insisten en que ninguna de estas propuestas podría cumplir con el objetivo deseado, coinciden en que su espíritu es el correcto en todos los puntos, aunque su redacción fallara.

“Todas pueden tener un impacto muy positivo si se lograran sacar textos sin cuestionamientos del tipo constitucional. Esos proyectos en gran medida tienen que ver directamente con lo que se está viviendo en el día a día, por ejemplo el de armas, pero hay que trabajarlos”, insistió Calderón.

Esa propuesta, que efectivamente se rechazó por contener presuntos vicios de constitucionalidad, buscaba aumentar las penas de prisión a la tenencia de armas de grueso calibre; sin embargo, su redacción también afectaba a los portadores de armas legales.

“Lo que iba a provocar era que los ciudadanos buenos se quedaran sin armas para defenderse, y los delincuentes quedaran no armados, sino muy armados”, criticó el también experto en Seguridad, Gerardo Castaing.

Tanto él, como Calderón y Ramos, sí fueron enfáticos en que combatir la reincidencia y endurecer el otorgamiento de medidas cautelares es una propuesta que está ahí y que se debe aprobar a la brevedad, pero que, igual que las demás, tomará tiempo.

“Muchos de esos proyectos que mandó el presidente buscaban fortalecer el ejercicio de los cuerpos policiales en la prevención primaria del delito pero desde un reforzamiento jurídico, por ejemplo, para que los delincuentes que ya están en la cárcel no salgan a la calle, pero son omisos en el tema presupuestario, en aportar recursos.

“Desde la Asamblea Legislativa hay proyectos para mejorar las leyes, eso está bien, es un tema de prevención secundaria del delito, para que los entes correspondientes tengan la herramienta jurídica, por ejemplo, que un juez recurra una medida cautelar, entonces ayudan a corregir leyes desfasadas. En los dos casos hay ideas positivas, pero no inmediatas”, dijo Castaing.  

Precisamente, en esa lista de 22 propuestas está, entre otras, la Ley de Ejecución de la Pena, una ley para escuchas telefónicas en casos de crimen organizado y otra para fortalecer el Registro Judicial y evitar la impunidad.

“Ahí hay un elemento valiosísimo, en evitar que ese montón de delincuentes que hoy cumplen su pena y salen a reincidir sean tratados como primarios solo porque se les borran los antecedentes y los jueces no pueden hacer nada”, finalizó Ramos.

La Asamblea Legislativa prometió redoblar esfuerzos para aprobar, cuanto antes, las propuestas convocadas; mientras tanto, los supremos poderes acordaron a finales de esta semana crear un grupo de trabajo especial, con representación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para discutir y afinar los procesos de trámite y aprobación de esas reformas necesarias.