Política
Proponen castigar hasta con 15 años de cárcel a personas que entrenen sicarios
La propuesta apunta especialmente contra funcionaros o exfuncionarios de cuerpos policiales que se aprovechen de su conocimiento para entrenar o asesorar a grupos criminales.
Juan José Herrera 21/6/2024 10:44
Un proyecto de ley busca castigar con hasta 15 años de prisión a las personas que entrenen a sicarios.
El proyecto, presentado por el diputado Fabricio Alvarado (Nueva República), apunta especialmente contra funcionarios o exfuncionarios de cuerpos policiales que, aprovechándose de su conocimiento, entrenen o asesoren a individuos o grupos para cometer asesinatos.
La propuesta, que se tramita bajo el expediente 24.404, recoge una de las preocupaciones que precisamente trasladaron a los diputados diferentes autoridades en relación con la llamada “ley contra el sicariato”, también impulsada por Nueva República.
“Esta iniciativa de ley tiene por objetivo el atender la necesidad de una tipología penal que se ajusta a la realidad. Es decir, una pena de prisión e inhabilitación de la función pública a los funcionarios de cuerpos policiales y de investigación que, aprovechándose de su pericia, capacitación y/o posición, asesoren, entrenen, capaciten u otros a individuos o grupos con fines delictivos de sicariato u otra actividad ligada al crimen.
“Todo lo anterior, en el entendido de que los ex o actuales funcionarios públicos recibieron dicha formación para cumplir con el interés público de proteger a la ciudadanía y que en ello medió la utilización de recursos públicos”, dijo Alvarado.
El texto adiciona un artículo 281 ter al Código Penal para castigar estas prácticas.
La pena propuesta va de 10 a 15 años de cárcel para todo funcionario que “aprovechándose de su conocimiento y posición, entrene o asesore a individuos o grupos en técnicas para el homicidio por precio o por promesa remuneratoria o cualquier otra actividad delictiva organizada”.
El texto contempla, además, la inhabilitación absoluta para el ejercicio de funciones públicas por un período de veinte años.
El texto debe ser convocado para su análisis en comisión.
