Proponen castigar medios de comunicación por violencia “simbólica” o “mediática” contra mujeres

Un proyecto de ley pretende castigar económicamente a medios de comunicación que ejerzan violencia “simbólica” o “mediática” en contra de mujeres.

La propuesta fue presentada por la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, y tiene firmas de otras 18 legisladores de cinco fracciones legislativas.

A grandes rasgos, la iniciativa agrega un capítulo V a la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres y con este dos nuevos artículos para sancionar ambos tipos de violencia.

“Es un poco el advertir que hay responsabilidades sobre el ejercicio de estas formas de violencia, porque lo vemos todos los días y no estuvo considerado originalmente en la ley, es como un vacío que está ahí.

“Que la gente sepa que hay una responsabilidad social en fomentar, mediante mensajes, imágenes o audios, argumentos que sean violentos contra las mujeres y que puedan dispararla aún más, particularmente en el tratamiento de las noticias”, aseveró la diputada.

Como ejemplo, la diputada aseguró que cuando se habla en medios de femicidios, se han detectado, especialmente en medios menos tradicionales, expresiones que justifican esas conductas.

“Expresiones como que le daba vuelta y entonces, pues se lo buscó, o bien la cosificación de las mujeres para justificar cualquier forma de violencia, son ese tipo de cosas que fomentan el problema”, dijo.

Así, la propuesta establece penas de entre 20 y 65 días multa a cualquier medio de comunicación colectiva que ejerzan violencia simbólica (estereotipos o mensajes que  reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación) o mediática (promoción de violencia contra la mujer como una conducta aceptable, reproduciendo la vulnerabilidad de la mujer y justificando la violencia de género).

Esas multas se elevarán hasta los 150 días multa en caso de que la violencia se ejerza contra una víctima de femicidio.

Problemas

La iniciativa es considerada como una propuesta loable por expertos, pero repleta de problemas.

El primero y principal, según el abogado penalista Rodolfo Brenes, es que en Costa Rica las personas jurídicas no pueden cometer delitos.

“En el único caso en que eso se permite es en los delitos de corrupción pública, por una ley especial, que es la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Así que el planteamiento desconoce principios fundamentales de nuestro derecho penal que hacen que en el estado actual de las cosas sea imposible que esas empresas cometan ningún delito”, explicó.

Brenes cuestiona que también se introducen conceptos que no existen en nuestro ordenamiento jurídico y que además son bastante abiertos e imprecisos, como el de violencia mediática, “que generan inseguridad jurídica, que es contraria a los principios de imputación en materia penal”.

Además, indica que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en diferentes oportunidades que en el ámbito de la libertad de expresión, cuando se tratan de delitos que se pueden cometer en su ejercicio, deben preferirse otros mecanismos de sanción distintos que los penales. 

“Entonces, si queremos combatir un determinado tipo de violencia, debemos pensar en una verdadera política criminal que trascienda la cuestión penal y debe reservarse estos delitos para hipótesis muy graves”, aseveró.

Por último, cuestiona que el proyecto es “defectuoso” en el tanto plantea un riesgo “muy peligroso en una democracia” 

“Pareciera que permitiría básicamente sancionar a un medio de comunicación por la línea editorial que decida aplicar, por la forma en cómo se informa sobre un hecho que podría ser de interés público, como por ejemplo un femicidio o un caso de violencia de género”, aseveró.

En una línea muy parecida se pronunció la periodista y docente universitaria Any Pérez, quien cuestionó la ambigüedad de la redacción del proyecto y cómo este deja indeterminados temas cruciales como los delitos, la autoridad que define y los actores de la acción.

“El expediente no establece una distinción conceptual necesaria: que los medios de comunicación colectiva agrupan muchos tipos de contenidos, no solo formatos de noticias sino también de opinión y una gran diversidad de entretenimiento, producidos localmente o importados, que se gestionan en forma separada.

“En el caso de los medios de prensa profesional, el proyecto es doblemente peligroso, porque le condenaría por información que provenga de cita de fuente policial, judicial, de parte jurídica o familiar o, peor aún, a que el medio de prensa ejerza censura previa contra esas fuentes”, dijo.

Pérez dijo que esa ambigüedad le recuerda al expediente 21.375, que pretendía imponer límites a la propaganda que incluyera imagen de mujeres y que fue archivado en la asamblea legislativa, en 2023.

Alfaro reconoció que esta propuesta “nace” de ese otro expediente, que precisamente impulsó sin éxito el exdiputado frenteamplista, José María Villalta.

La legisladora aseveró que en ningún momento es su intención poner “una mordaza” a los medios, sino evitar conductas que normalicen la violencia.

“Jamás se buscaría hacer como un proceso de mordaza a los medios de comunicación, mucho menos cuando hablamos de noticias. Nosotras sí consideramos que debe de haber un tratamiento de las noticias, porque lo que no es noticia para mucha gente no existe, entonces sí es importante que haya una divulgación sobre las distintas situaciones, pero sí con la dignidad y el cuidado que corresponde, y también que en el mismo tratamiento de las noticias no revictimice a quien ha sido víctima o culpabilice a quien ha sido víctima”, añadió.

Finalmente, Alfaro dijo que la propuesta tiene todavía un amplio margen de mejora con las consultas y comparecencias que el proceso legislativo demande, pero que en su fin último solo busca “trazar una línea clara” entre lo que es violencia y lo que es libertad de expresión.

“Debería ser un elemento que nos ayuda más bien a precisamente o a trazar esa línea con claridad, para que nadie pueda escudarse o nadie pueda extraviarse, diría, en el ejercicio de su profesión, o un medio, en el ejercicio de su línea editorial, a deslizarse hacia la violencia como una forma de respuesta legítima”, finalizó.