¿Incautar sin notificar?

Un proyecto de Ley busca reformar la Ley contra la Delincuencia Organizada de manera tal que además del Ministerio Público, el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y el Instituto Costarricense sobre Drogas tengan la potestad de solicitar el secuestro de bienes cuando se sospeche que se derivan de aumentos patrimoniales sospechosos que superen los 50 mil dólares en el plazo de diez años. 

La propuesta busca que dicha incautación se haga de manera anticipada, o sea, que primero estas entidades solicitarían las medidas cautelares para secuestrar los bienes y después harían la acusación. En el intermedio podrían disponer de los bienes, por ejemplo, vendiéndolos. 

A favor de esta reforma existen aquellos que consideran se trata de una medida necesaria para luchar de manera expedita, tanto contra los capitales emergentes como con la delincuencia organizada en sí. 

Sin embargo, las voces que se oponen aseguran que se trata de una medida que le pasa por encima a derechos fundamentales. 

Las posiciones a favor y en contra las podrá conocer en este reportaje de la sección En el Banquillo.