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Francisco Campos, abogado de cinco de los investigados por el caso Aldesa, entre ellos el expresidente de la empresa, Javier Chaves, confirmó a Teletica.com que su cliente rechazó los cargos que se le acusan y aseguró que va a ampliar su declaración.

Este martes, el Ministerio Público informó que ya indagó, entre el 14 y el 20 de noviembre, a 23 personas por este caso, entre las que figuran corredores de bolsa y miembros de la Junta Directiva.

“Yo represento a cinco de los acusados, entre ellos a Javier Chaves y a su hermano, Óscar (exmiembro de Junta Directiva). Con respecto a Javier, había sido indagado ya por cuatro denuncias que se habían dado en el 2019; sin embargo, a la fecha las denuncias aumentaron a 26.

“Javier rechazó los cargos y estamos trabajando en una ampliación de su declaración indagatoria para explicar cada uno de los puntos por los cuales fue intimado”, explicó Campos.

El defensor manifestó que en la investigación hay un error, ya que se confunde oferta pública con oferta privada, y se usa el concepto de nombre comercial de Aldesa sin hacer diferencia entre una y la otra.

Además, asegura que hay contratos y cartas firmadas por cada uno de los inversionistas, en las que ellos conocían los riesgos y dónde estaban invirtiendo: todo esto ahora está siendo aportado en la nueva etapa indagatoria.

“Los últimos tres informes no vinculan a Javier (Chaves) ni a ningún miembro de la Junta Directiva, sino que hace una relación entre el corredor, el asesor y el hombre de confianza de cada uno de esos inversionistas con los inversionistas. Algunos ni siquiera eran funcionarios de Aldesa, más bien eran corredores de bolsa independientes o asesores.

“La ley cambia hasta después del caso Aldesa porque antes no había ninguna prohibición para usar el mismo nombre (Aldesa), tanto así que el dueño de la marca es Corporación Aldesa, donde había contratos con otras empresas y les permitían el uso de la marca; esos contratos con el grupo regulado eran conocidos y aprobados por Sugeval y ahora dicen que Sugeval fue complaciente”, declaró Campos.

Según el abogado, hay un informe fundamental que falta por entregar de parte del Ministerio Público y es el que indica el destino final de los dineros.

“El Ministerio Público dice que la que se benefició, finalmente, fue Corporación Aldesa, pero cuando uno va a los estados financieros se da cuenta de que los dineros sí ingresaron, se registraron como pasivos y falta el informe final que es la carretera de las platas.

“Con ese informe, se van a dar cuenta de que las platas se invirtieron en los mismos proyectos donde estaban los inversionistas, es decir, nadie se favoreció desde los últimos cinco años; nadie recibió dietas, Javier no recibió dividendos ni ningún miembro de su familia por la situación que vivía Aldesa”, agregó Campos.

Veinte de los imputados por este caso fueron acusados por el presunto delito de estafa, mientras que otros tres por la supuesta infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

Chaves, actualmente, cumple las medidas cautelares de impedimento de salida del país, firmar cada dos meses y no acercarse a testigos y ofendidos.

La Corporación de Inversiones Aldesa había sido allanada el 10 de junio de 2019 luego de anunciar una falta de liquidez para poder cumplir con los pagos a sus accionistas. Ante tales hechos, acudió a los tribunales en busca de una salida a una severa crisis de liquidez y la imposibilidad de pagarle a sus acreedores.

Por este caso, la Corte Plena acusó a varios funcionarios de la Superintendencia de Valores (Sugeval), debido a denuncias relacionadas con incumplimiento de deberes.

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