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En 2017, y en medio del clamor social, el gobierno de Luis Guillermo Solís firmó la Ley contra el Maltrato Animal.

Tras cuatro años, sin embargo, esta ley todavía carece de recursos para cumplirla. Como no hay presupuesto, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tiene que valerse de convenios, aunque no son para nada suficientes.

“Necesitaríamos un lugar adecuado, donde podamos contratar especialistas, médicos veterinarios legales y veterinarios patólogos, los que realizan las necropsias y los dictámenes médicos legales donde nos indique el tiempo de incapacidad del animal, que nos indique efectivamente que el animal sufrió un dolor intenso, una agonía prolongada”, aseguró Lindsay Martinez, del OIJ. Esto con el objetivo de poder judicializar correctamente los casos.

El primer juicio por maltrato animal se tramitó hace dos años en Atenas, donde un hombre denunció a su hermana por el supuesto maltrato hacia “Campeón”, su perro. Fue absuelta, pero el juez a cargo del caso hizo un llamado a las autoridades.

El OIJ maneja los asesinatos de animales como biocidio, una figura que existe en países que sí invierten recursos en la investigación de la crueldad a las mascotas por su gravedad y por sus consecuencias sociales.

“En el país tenemos instituciones que velan por los niños, que velan por la mujer, por el adulto mayor, pero el tema de bienestar animal se le da de recargo a una institución que ya ve la inocuidad de todos los alimentos”, añadió Ileana Céspedes, del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).

Está demostrado que el vínculo entre la crueldad animal y posteriores crímenes a seres humanos es innegable. Sin embargo, Costa Rica sigue viendo esta problemática de lejos, sin una política pública sólida ante actos cada vez más frecuentes y violentos.

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