Las ofertas que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) seleccionó para una compra de servicios médicos contenían sobreprecios de hasta un 500% en partidas de alquileres.
Ese fue uno de los ejemplos de precios excesivos que dio, la mañana de este martes, un representante del Área de Contabilidad de Costos, durante una comparecencia ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga presuntas anomalías en la institución administradora de los hospitales públicos del país.
"Con respecto a ese estudio, los criterios que se utilizaron fueron una elaboración de una banda de tolerancia con respecto a la mano de obra, en donde se tomó como base el salario mínimo del Ministerio de Trabajo y el máximo de esa tabla consideró los salarios Caja, que incluían pluses salariales, anualidades y, en este rango de tolerancia, fue donde se analizaron los costos individuales de estas ofertas. Respecto a lo que son materiales y suministros, gastos administrativos e indirectos, también se generó un rango superior con base en presupuestos en los cuales se logró obtener el costo de áreas de salud homólogas a las áreas por contratar. Se determinaron y se hizo la comparación", explicó el representante del Área de Contabilidad de Costos, Mario Esteban Solís.
"Diferentes hallazgos que fueron identificados y que se llegó a la conclusión de que se estaban usando costos excesivos. Igual en utilidad, se daban incrementos de hasta un 300%; en alquileres, aumentos de 500%... salarios administrativos en los que teníamos diferencias sustanciales con los salarios Caja, en donde el salario promedio de un administrador era de ¢3 millones-¢3,2 millones, y se nos estaban cotizando costos de ¢5,6 millones por este mismo funcionario. Había sesgos, precios que determinaban que había costos excesivos en lo que estábamos recibiendo", añadió.
Por ejemplo, el funcionario detalló que se identificó un arrendamiento que pasó de ¢8 millones al mes, a ¢64 millones, aunque no se precisó a qué partida correspondía ese incremento, cuál fue el oferente que lo hizo.
En ese sentido, el subjefe de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) mencionó —al citar el propio informe de razonabilidad de precios del Área de Contabilidad de Costos— las remuneraciones del administrador, que en una de las partidas se ofertó en ¢1,5 millones y el salario institucional era de ¢2,9 millones.
"Y así sucesivamente, si se va partida por partida. El del administrador es un muy mal ejemplo si lo que se quiere es dejarlo a los servicios dentro de la institución. Es mucho más barato contratarlo a terceros", indicó el vocero de la agrupación en el poder.
Tanto Solís, como su jefa, Azyhadee Picado, enfatizaron ante preguntas del congresista Luis Diego Vargas que, para el caso en cuestión se efectuaron todas las comparaciones en igualdad de condiciones; es decir, que para el ejercicio se hizo una relación de los horarios y servicios, así como se igualaron los parámetros respectivos.
El jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) pidió entonces que se le precisara si se efectuó un estudio de mercado, ante lo cual, el coordinador del Área de Administración y Gestión de Áreas Tercerizadas, Víctor Calvo, intervino para mencionar que, en la licitación en cuestión, solo las cooperativas y asociaciones que ya daban el servicio hicieron las cotizaciones cuando la Gerencia Médica las solicitó para hacer el análisis.
Sin embargo, el funcionario recordó que la Ley de Contratación Administrativa justamente avala que, en casos como el mencionado, se haga una comparación histórica, como la que finalmente se efectuó.
El documento indicado fue cuestionado en su momento por los oferentes, a través de disconformidades planteadas en “gestiones de parte”, confirmó de la directora Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, Adriana Chaves.
“Fue impresionante”
El informe de razonabilidad de precios del Área de Contabilidad de Costos fue emitido en el marco de un proceso con el que la Caja de Seguro Social contrató a cuatro cooperativas y una asociación privada para administrar 10 áreas de salud y 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis).
La Junta Directiva de la institución se inclinó por hacer la compra, pese a que el análisis técnico identificó sobreprecios. Para ello, la cúpula se apartó del documento y solicitó un segundo criterio a una comisión intergerencial, luego del revés que recibió del Área de Contabilidad de Costos.
No obstante lo anterior, ese segundo informe fue únicamente suscrito por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud.
Ante esta situación, la legisladora Rocío Alfaro cuestionó a la jefa del Área de Contabilidad de Costos, Azyhadee Picado, sobre cuán “común” era que la Junta Directiva se distanciara de un criterio técnico emitido por su despacho.
"Común no sé. La palabra común la conozco porque no estamos en muchos de los procesos presentados a Junta Directiva, pero sí fue impresionante para nosotros el que se haya dado en esta ocasión. No sé si es común", respondió la compareciente.
La parlamentaria del Partido Frente Amplio (PFA) cuestionó entonces si nunca le había pasado esa situación en sus 20 años de experiencia, a lo que Picado replicó que no.
Como parte de su interrogatorio, la funcionaria explicó que la razonabilidad de precios ofertados es una de las funciones que tiene otorgadas su oficina. Mencionó que desconoce si otros despachos, como la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, también la tienen.
La comisión investigadora aprobó por unanimidad una moción para pedir al Área de Contabilidad de Costos que remita la metodología que utilizó para la elaboración de informes, tras los cuestionamientos de Daniel Vargas y su compañera de bancada, Ada Acuña.