El nombramiento de Marta Esquivel como ministra de Planificación Nacional y Política Económica paralizó la investigación del caso policialmente conocido como Barrenador.

Lo anterior en el tanto que, con la designación hecha el 8 de enero pasado por el presidente Rodrigo Chaves, la investigación que se le seguía a la jerarca por el escándalo de presuntas irregularidades en una compra pública pasó de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), a la Fiscalía General.

Ello en virtud de la inmunidad de la que gozan los miembros de los Supremos Poderes, como es el caso de los ministros, explicó el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, durante una entrevista en el programa Malas Compañías de Teletica Radio.

"Cuando se da la situación que nombran a doña Marta Esquivel de ministra, inmediatamente supe lo que iba a pasar, que se iba a detener toda la investigación a un punto cero", explicó el jefe de la Policía Judicial.

"La investigación ya está en punto muerto. No se está absolutamente nada porque, cualquier investigación que se tiene que generar de Barrenador va a ser ahora indicada por el fiscal general (Carlo Díaz)", añadió.

Zúñiga explicó que mantiene una buena relación con la cabeza del Ministerio Público y dijo que conoció que este tiene más de 200 expedientes seguidos contra el presidente Rodrigo Chaves, sus ministros, los diputados y los magistrados.

"¿Cómo va él a generar o indicar cada acción que tenemos que hacer nosotros por escrito? Muy sencillo: ustedes dos están en un restaurante y se sospecha que ustedes dos están poniéndose de acuerdo para defraudar al país. Esa ida a revisar que eso es cierto, tenemos que pedírselo al fiscal general. Ustedes van a estar ahí una hora o media hora, ¿pero cuánto va a durar el fiscal general en devolvernos el documento por escrito? Tiene que puntualizar cada detalle y eso no es posible. No existe fluidez ni inmediatez", apuntó el director general.

Hasta el 8 de enero anterior, Esquivel se mantenía como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Sin embargo, desde el 10 de octubre pasado había sido suspendida por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública para ejercer el cargo, mientras se le investigaba por los presuntos de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y prevaricato.

Todo lo anterior en virtud de su aparente participación e intervenciones en la contratación de cuatro cooperativas y una asociación para administrar 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud.

"Como ya es un miembro de los Supremos Poderes, al ser ministra, el caso lo cerramos en la fase ordinaria de investigación nuestra. Se da parte al Ministerio Público, que tiene que enviarlo al fiscal general. El fiscal general tiene que abrir una causa nueva, paralela, aparte. Vea lo engorroso, lo difícil. Tiene que abrir una causa paralela donde se trabaje lo de doña Marta para poder investigar nosotros y empezar a trabajar con cosas puntuales. El Organismo de Investigación ni siquiera tiene iniciativa para decir qué se puede hacer o que no. La Policía Judicial tiene ese problema.

"Por eso, cuando me di cuenta eso (el nombramiento), tiré la voz al cielo, porque no puede ser que este caso, que nos ha costado tanto y que ha sido tan mediático, ahorita tenga que cerrar en automático solo porque ella está de ministra de Planificación", comentó Zúñiga.

Ante eso, el director general aboga por reformas que permitan que el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía Anticorrupción investiguen a miembros de los Supremos Poderes.

El procedimiento especial para la persecución de personas con inmunidad está previsto en el Código Procesal Penal.