Costa Rica apostó a una reforma fiscal para sanear sus finanzas públicas, pero en medio de los cálculos para lograrlo, se han aplicado recortes en servicios sociales fundamentales para el desarrollo humano de la población.

Así lo revela el reciente informe del Programa Estado de la Nación (PEN).

En los últimos tres años, la inversión social pública pasó de 24,2% a 20,7%; es decir, perdió 3,5 puntos porcentuales (pp) del producto interno bruto (vea video adjunto de Telenoticias).

Pero la tijera no pasó igual en todos los sectores. Aquellos financiados por el Presupuesto Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, son los más perjudicados.

La inversión pública en educación y salud muestran los deterioros más significativos en el 2023.

En educación se redujo en un 1,6% por persona, afectando los niveles de preescolar, primaria y universitaria. Hubo una caída de un 11% becas y transferencias monetarias.

Mientras que en salud se recortó en un 1,4% por persona.

En los servicios de protección social aumentó en 4,7% por persona, principalmente por pagos de pensiones —régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)— y programas de apoyo a grupos vulnerables.

La inversión social pública por habitante ajustada es de ¢1,78 millones al año, es decir, ¢148.000 al mes por persona.