El país vive un preocupante aumento en la violencia y delitos cometidos contra personas adultas mayores. De acuerdo con datos recientes del Ministerio Público, en lo que va del año se han reportado 6.182 casos de agresión contra este grupo vulnerable, una cifra que ya casi iguala a la totalidad de incidentes registrados en 2023, que fueron 6.390.

La Fiscalía señala que el 26% de los casos de este año corresponde a estafas, un fenómeno que afecta especialmente a los mayores de 65 años en diversas modalidades, tanto informáticas como presenciales.

Edgar Barquero, fiscal del Ministerio Público, explicó que las estafas y las estafas informáticas son los delitos de mayor prevalencia contra los adultos mayores.

“Estos crímenes, que se cometen mediante engaños y falsificaciones de datos, suman 1.596 de los casos reportados en 2024. El engaño se da al inducir a una persona a error con datos falsos”, explicó Barquero, subrayando que en el país, este delito se ha convertido en una modalidad de abuso cada vez más frecuente entre los delincuentes, quienes ven en esta población un blanco fácil.

Además de las estafas, otros delitos comunes son la falsedad ideológica, con 446 casos este año, en el cual se utilizan documentos públicos o bancarios para registrar datos falsos de las víctimas. Este delito es seguido por el de desobediencia contra la autoridad, con 351 denuncias, el cual se refiere al incumplimiento de órdenes de protección emitidas en favor de los adultos mayores.

Un informe del servicio de orientación socio-legal de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) también respalda esta tendencia, revelando que, durante 2023, recibieron 339 reportes de violencia contra personas adultas mayores.

Sin embargo, los expertos advierten que estas cifras solo representan una parte de la realidad, ya que el miedo o la falta de reconocimiento de ser víctimas impiden que muchos adultos mayores denuncien.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en Costa Rica hay más de 520.000 personas adultas mayores, cifra que representa un sector considerable de la población.

“La Constitución Política, en su artículo 51, estipula un régimen especial de protección para las personas en condición de vulnerabilidad, incluyendo a los adultos mayores, quienes deberían recibir una atención especial y preferencial”, añadió el fiscal Barquero.

Asimismo, el Ministerio Público hace un llamado a la comunidad para estar atentos a los signos de abuso que pueden manifestarse en cambios de comportamiento, en la forma en que se expresan sobre sus cuidadores, o en variaciones en sus patrones de sueño y alimentación.

Según Barquero, “hay que escucharlos y ser pacientes para identificar señales sutiles, como la falta de aprecio hacia quienes les rodean o cambios en sus conductas diarias”.

Si una persona adulta mayor recibe maltrato o agresión, puede denunciarlo llamando al 9-1-1 y también la línea confidencial del OIJ 800 8000645.