El 26 de agosto anterior, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, cuestionó abiertamente la eficiencia de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Lo hizo mientras debatía con el rector de la Universidad Estatal a Distancia, Rodrigo Arias, en el programa 7 Días, que esa noche le abrió los micrófonos a ambos para disertar sobre la álgida negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2025.
En ese espacio, Acosta presentó un recuadro donde comparó directamente el aporte estatal que recibe la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el de la UCR, su cantidad de estudiantes, staff académico y finalmente la posición de ambas en el prestigioso ranking de Quacquarelli Symonds (QS), que anualmente evalúa a más de 800 universidades en todo el mundo.
Los resultados presentados por Acosta fueron contundentes: con un aporte estatal de 0,15% (como porcentaje del Producto Interno Bruto, al 2024), el centro de estudios mexicano es 94 del ranking mundial, mientras que la UCR recibe 0,59% del PIB tico y aparece en el puesto 497 del escalafón.
No solo eso, la UNAM acogió en 2023 a 373.682 estudiantes y la UCR a 44.057, es decir, la universidad mexicana destinó menos recursos que la tica a cada uno de sus estudiantes, pero obtuvo mejores resultados en esa clasificación.
Todos esos datos fueron cotejados por este medio con información tanto de la UNAM como de la propia UCR.
“¿Por qué una universidad con menos recursos como proporción del PIB tiene mejor desempeño que la UCR, que es la que tiene mejor desempeño en el país?
“Yo preferiría tener muchísimas becas y universidades más acotadas a la realidad del país”, cuestionó Acosta.
¿Es realmente más eficiente?
“Es muy interesante que cualquier análisis comparativo, para que sea serio, tiene que tener claro cuáles son las bases de comparación, cuál es la metodología. ¿Estamos usando la misma metodología comparación? No sabemos, es una incógnita porque nada más dan el eslogan, hacen el efecto, pero no explican.
“La UNAM tiene 377 mil estudiantes de los cuales 125 mil son de los colegios científicos que están adscritos a la UNAM, entonces ya casi un cuarto no son estudiantes universitarios y, por lo tanto, la manera de costear es diferente, pero están incluidos”, cuestionó Roberto Guillén, vicerrector de Administración de la UCR.
Guillén hizo hincapié en que el problema con comparaciones tan abiertas es que no permiten determinar qué hace cada centro de estudios con esos recursos, sus niveles de inversión en temas como las investigaciones que realiza, el costo de estas o el impacto social que persiguen sus decisiones.
El otro punto que el Ejecutivo cuestiona, que también discute la UCR, es el del superávit.
La propia Contraloría General reveló que, en este momento, del FEES 2024 no se han ejecutado ₡82 mil millones, de estos, casi ₡54 mil millones están en las arcas de la UCR.
El Gobierno ha insistido en que no es justo que, en momentos de estrechez fiscal, las universidades pidan más recursos cuando tienen “ociosos” montos tan elevados.
Sin embargo, Guillén defiende que eso no solo es una mentira, sino que además es algo que el ministro Acosta sabe y entiende.
“Hay una realidad que no es la que se presenta cuando se dice que tenemos recursos, que para qué queremos más. En realidad, es una forma de contabilizar los recursos que no refleja la realidad de la operación, es decir, nosotros no tenemos recursos ociosos, no tenemos recursos que no estemos utilizando, es la forma en que se ha venido desarrollando esa contabilización a partir de la aplicación de la Ley 9635, la regla fiscal, que su implementación en el 2020 nos generó una dinámica muy diferente de ejecución presupuestaria”, dijo.
Por ejemplo, en ese superávit hay recursos propios que genera la universidad que hoy no puede ejecutar por esa restricción presupuestaria que trae la regla, o montos como los que responden a titulaciones, posgrados o inversiones que se reflejan al cierre del año, pero se ejecutan a lo largo del periodo.
Eso, insiste Guillén, lo saben las autoridades del Ejecutivo.
Los fantasmas “del pasado”
La otra crítica que emana de Zapote son los elevados salarios que hoy consumen más de la mitad de todos los recursos que reciben las universidades públicas.
Como ha trascendido, actualmente hay salarios administrativos que pueden llegar a los ₡8.3 millones, una cifra que se eleva muy por encima del resto de la función pública.
El vicerrector no solo reconoce esos abusos históricos, sino que admite que esas decisiones del pasado no solo afectan la imagen de la universidad, sino también su operación actual.
“Es una realidad, no la podemos obviar. Yo creo que sería ilógico tapar el sol con un dedo. Eso nos está pasando la factura, es una factura vieja, lo que pasa es que lo utilizan como si fuera parte del discurso, como que si fuera ya que eso esté pasando, que eso no se ha corregido y que eso va a seguir en el futuro, entonces de ahí se deriva que somos faraónicos.
“Entonces ya se pasa al insulto, a la chota, y eso es ya evidencia de que hay otro discurso de fondo, ya no es un discurso de mejoremos y racionalizamos las finanzas, es de cómo gastamos las universidades públicas”, criticó.
Guillén resaltó que cada vez son menos esos salarios y que todo lo que se recorta en remuneraciones se está trasladado a becas.
“La planilla de la universidad se ha reducido en más de ₡7 mil millones y esos ₡7 mil millones se han tomado íntegramente, se han pasado al presupuesto de becas. O sea, el presupuesto de becas ha crecido en 10 años, cerca del 130%”, resaltó.
El presupuesto de las universidades públicas para 2025 se decidirá en los próximos días desde el Congreso, que por primera vez en la historia definirá el FEES luego de que los rectores y el Poder Ejecutivo no lograran llegar a un acuerdo.