La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó este martes, por unanimidad, el proyecto de sexto presupuesto extraordinario (24.603) que permitirá el traslado de ₡38.473 millones para el pago de aguinaldos de educadores.

Ese monto se consiguió gracias a una moción de última hora impulsada por el Poder Ejecutivo y presentada por la oficialista Pilar Cisneros, que aportó ₡18.473 millones faltantes para completar esa obligación.

“Aunque me alegra mucho darles alivio a los docentes de este país, resulta cuestionable que solo se hubieran presupuestado ₡20.000 millones, no fue sino minutos antes de la sesión en que debíamos dictaminar que el Gobierno presente una propuesta con ₡18.473 millones correspondientes al hueco que estaban dejando de presupuestar.

“Es lamentable el desorden con que manejan las finanzas y más preocupante aún que se juegue con el aguinaldo de educadores y educadoras”, cuestionó la presidenta de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez.

Originalmente, el proyecto incluía un monto de ₡16.498 millones que luego se alertaron como insuficientes por parte del órgano, que luego se elevó a ₡20 mil millones, monto aún insuficiente para el pago de esos aguinaldos.

Los diputados de oposición criticaron ampliamente la decisión del Gobierno de utilizar montos del pago de intereses para cubrir otras obligaciones, una práctica que incluso este mismo martes cuestionó el propio ministro, Nogui Acosta.

Recursos para Fodesaf

En el presupuesto dictaminado también se aprobó el traslado de ₡32.977 millones destinados al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), de manera que se pueda cumplir la resolución de la Sala Constitucional en la que obligaba al Ejecutivo a trasladar la totalidad de recursos que demanda la ley.

Además, se logró un ahorro de ₡14.883 millones en las plazas vacantes creadas antes del 1° de enero y que no fueron utilizadas antes del 30 de junio de 2024.

“Dichos recursos se destinan exclusivamente para la compra y mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana, el combate de la delincuencia y el crimen organizado por parte del Ministerio de Seguridad Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”, precisó el despacho de Paulina Ramírez.