Fiscal de Bolivia pide aprehensión de Evo Morales por "trata" de menor

Una fiscal de Bolivia informó este lunes que pidió la orden de aprehensión del expresidente Evo Morales por el escándalo del presunto abuso de una menor cuando era presidente (2006-2019).

El Ministerio Público pidió la detención de Morales por el delito de "trata" de menor, a raíz de la presunto arreglo con los padres de una adolescente de 15 años.

Corresponde "emitir un mandamiento de aprehensión, situación que mi autoridad lo hizo", sostuvo la fiscal Sandra Gutiérrez en conferencia de prensa.

La autoridad del Ministerio Público informó que la orden de aprehensión fue emitida el pasado 16 de octubre, pero que recién la reveló este lunes.

Gutiérrez explicó que no hizo mención al caso con anterioridad porque "el caso es muy complejo", debido a que se trata de un exmandatario, quien negó varias veces las acusaciones.

El escándalo se remonta al 2015, cuando el líder cocalero gobernaba Bolivia. Según el expediente, Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016.

La tesis fiscal apunta a que los padres de la menor la inscribieron en la "guardia juvenil" de Morales "con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor".

Por estos hechos la Fiscalía presentó hoy una imputación contra Morales y la madre de la supuesta víctima por el delito de "trata de personas agravado".

Aunque Morales ha desestimado antes la denuncia por basarse en hechos que se investigaron en 2020 bajo la figura penal de "estupro" -que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años- la fiscalía se concentra ahora en la presunta trata.

Esta es el segundo mandato de aprehensión que se emite contra Morales por el mismo caso.

La fiscal Gutiérrez ya había ordenado su captura en septiembre, pero un recurso judicial interpuesto por la defensa del líder aimara consiguió revocarla.

En medio de la lucha por la candidatura de la izquierda para las elecciones de 2025, Morales ha argumentado que esta investigación es una "lawfare" (persecución judicial) dirigida por el gobierno de Luis Arce, su antiguo aliado, para "proscribirlo" de la carrera electoral.