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La Corte Suprema de Justicia aplicará hasta el 2024 el salario global definitivo que finalmente apruebe.

En su sesión de este lunes, los magistrados acordaron, unánimemente, realizar los ajustes al sistema de pagos que permitan aplicar las reglas de transición, conforme a las nuevas disposiciones que introdujo el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) en su decreto 44199, del 8 de setiembre pasado.

"Dicho decreto establece una modificación importante en los supuestos de transición de los salarios por componentes (pluses) al salario global.

"Y ese decreto, asimismo, establece un transitorio VII novedoso, en el cual habilita la posibilidad de gestionar una prórroga a la fijación de salarios globales en función de las modificaciones que se han venido introduciendo, siempre y cuando haya una justificación técnica en cuanto a que los sistemas de información requieren ajustarse e implementarse para poder establecer los nuevos salarios globales conforme a esta regulación", explicó el director jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos, en una declaración circulada por su oficina de prensa.

Esta determinación se basa en la posibilidad -incorporada por el Ministerio de Planificación- que tienen las instituciones a las que aplica la nueva Ley Marco de Empleo Público a informar de postergaciones en la aplicación de salarios globales definitivos, en caso de que no cuenten con los instrumentos técnicos y metodológicos necesarios para la formulación de dichas escalas.

La Corte Plena acordó, en cambio, mantener por lo que queda del año la escala salarial global transitoria que aprobó el 8 de mayo anterior, para los funcionarios de primer ingreso o reingreso con ruptura laboral igual o superior a un mes calendario.

Así las cosas, será hasta la primera quincena de 2024 que se ponga en marcha el salario global definitivo aprobado y el sistema automatizado de pagos ajustado. Con ello, a su vez, se podrán aplicar las reglas de migración al salario global al personal que ingresó previo a que entrara en vigor la Ley Marco de Empleo Público.

Seis de los jueces titulares de la Sala Constitucional se inhibieron de participar en la discusión de este lunes y en la votación, en el tanto que aún deben conocer una serie de acciones planteadas contra la reciente legislación. El único que no se apartó fue el magistrado Fernando Cruz, quien más bien optó por separarse de conocer esos mismos asuntos en el Alto Tribunal.

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