Nacional
Sala Constitucional da dos meses para completar estudios de nuevo hospital geriátrico
La suspensión de la construcción del centro médico por parte de la Caja de Seguro Social lesionó el derecho a la salud de la población adulta mayor, según una mayoría de los magistrados.
Paulo Villalobos 23/1/2025 11:28
Los estudios de factibilidad para la construcción del nuevo Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología deberán llevarse a cabo en los próximos dos meses.
Así lo determinó la Sala Constitucional al declarar con lugar un amparo planteado por un adulto mayor, quien estimó lesionados sus derechos a la salud y a la vida, debido a la suspensión de las obras de construcción del centro médico y las condiciones obsoletas que tiene el Raúl Blanco Cervantes en la actualidad.
Por mayoría, el Alto Tribunal le dio la razón al tutelado y, mediante su resolución 2025-001904, ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Defensoría de los Habitantes de la República (CGR), la Dirección General del Hospital de Geriatría, así como a la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) coordinar y ejecutar las acciones necesarias para completar los estudios de factibilidad del proyecto en los dos meses siguientes a la notificación de la sentencia.
En su recurso asignado al expediente 23-015793-0007-CO, el ciudadano de oro reseñó que el proyecto CCSS-0998 (para el levantamiento de la nueva estructura) inició en 2009 y ha superado la contratación de estudios preliminares de viabilidad sin que, a la fecha, se hayan identificado obstáculos relevantes para su continuidad.
Para los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya e Ingrid Hess; quedó en evidencia que, producto de la suspensión, se produjo una vulneración a los derechos fundamentales de los adultos mayores por parte de la institución administradora de los servicios de salud públicos.
Lo anterior debido a una privación del acceso a una infraestructura adecuada para la atención de sus necesidades.
A criterio de la cámara, no es aceptable para un Estado constitucional, social y democrático de Derecho justificar la ineficiente prestación de los servicios de salud, bajo argumentos de limitaciones financieras o presupuestarias, como en su momento lo hizo la Junta Directa de la Caja para suspender su Portafolio de Inversiones el 10 de marzo de 2023.
Desde la perspectiva de la Sala, la Constitución Política exige que ese servicio se brinde de manera eficiente, eficaz, continua, regular y ágil, especialmente cuando se trata de garantizar los derechos de la población adulta mayor.
Los magistrados Fernando Castillo y Anamari Garro salvaron el voto al declarar sin lugar el recurso, bajo el alegato de que no le corresponde al Alto Tribunal analizar decisiones administrativas, como la suspensión del Portafolio de Inversiones de la entidad que vela por la seguridad social.
La sentencia permanece en redacción. Una vez que dicho proceso concluya, y se notifique la resolución, se procederá a publicarla en la plataforma de consulta de jurisprudencia Nexus.
