Auditoría nunca recomendó derogar reglamento de tercerización en la Caja, defiende auditor

La auditoría interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) nunca recomendó a la junta directiva derogar el reglamento de tercerización, tal y como sucedió en marzo de 2023.

Así lo aseguró esta mañana a los diputados el auditor interno de la Caja, Olger Sánchez.

Esa normativa era la que originaba el conflicto con la millonaria adjudicación de 10 áreas de salud a seis proveedores, precisamente el contrato que dio pie al llamado caso “Barrenador”.

“No se recomendó la derogatoria del reglamento, sí hemos sugerido que había que revisar el marco normativo y actualizarlo.

“Esa fue una decisión que adopta la junta directiva (…) La posición nuestra es que era sano actualizar el marco normativo porque ya estaba obsoleto”, aseveró.

La pregunta fue una de las primeras que recibió Sánchez por parte de la comisión especial que investiga las presuntas irregularidades en la institución.

Esa afirmación se escuchó en el órgano desde el día uno por parte del oficialista Daniel Vargas, cuando precisamente el expresidente de la Caja, Álvaro Ramos, aseguró que lo sorprendió la decisión de derogar una norma que buscaba proteger los mejores intereses de la institución.

La auditoría interna fue la primera que denunció el contrato de adjudicación de esas 10 áreas de salud, precisamente luego de encontrar anomalías en diferentes puntos.

“Auditoría analizó que existían hechos que debía comunicar al Ministerio Público en relación con el acto de adjudicación. Hay cuatro puntos que se analizan ahí, uno de ellos es la razonabilidad de costos, la experiencia de proveedores, la calidad de los servicios y antecedente de los proveedores”, dijo Sánchez.

Sin embargo, el auditor insistió en que, al ser un tema que ya se investiga en sede judicial, no puede ahondar en las razones que motivaron ese informe de auditoría.

Sánchez también afirmó que, en el análisis de ese órgano, nunca se pudo demostrar que la decisión de la junta directiva, encabezada por Marta Esquivel, de suspender el portafolio de inversiones en infraestructura que se tomó a inicios de 2023, tuviera justificación técnica.

“No logramos obtener ni evidenciar que existieran criterios técnicos para tomar una decisión de esa naturaleza”, añadió el auditor.

Sánchez también subrayó a los diputados que la deuda del Estado con la CCSS sigue creciendo “exponencialmente”.

La comisión todavía tiene por delante una enorme lista de comparecientes en esta investigación, incluida la junta directiva y la presidenta Esquivel, hoy suspendida de su cargo en medio de la investigación judicial.