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Siete diputados del oficialista Progreso Social Democrático y otros tres de Nueva República presentaron, este martes, una consulta facultativa al proyecto de presupuesto ordinario 2025, votado ayer en primer debate.

La consulta cuestiona presuntas violaciones a los principios de equilibrio y sostenibilidad financiera que protege la Carta Magna, específicamente porque, según los firmantes, “no se puede gastar más de lo que ingresa a las arcas del Estado”.

Además, aseguran que, con las mociones aprobadas por la Comisión de Asuntos Hacendarios que transfieren recursos para el pago de intereses de la deuda a partidas como Educación y Seguridad, se están violentando diferentes normas constitucionales, incluido el artículo 176, que dicta que “el presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la Administración Pública, durante todo el año. En ningún caso, el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”.  

“Esta norma específica es la que hoy se cuestiona, ya que el pago de la deuda es ineludible y eso hace un Estado responsable”, dice la consulta.

La oficialista Pilar Cisneros, una de las firmantes, confirmó que además de sus compañeros de bancada, completaron las 10 firmas Pablo Sibaja, Olga Morera y Rosalia Brown, de Nueva República.

El frenteamplista Jonathan Acuña criticó que el interés con esa consulta es eliminar los cambios que permitieron esas mociones, que incluyen recursos para comedores escolares, transporte estudiantil, becas y también los ₡11.500 millones para las universidades públicas.

“Lo que está pidiendo la fracción de Rodrigo Chaves, junto con Nueva República, es que se echen atrás mociones, por ejemplo, como aumentar recursos para Educación, eso es lo que están pidiendo, dejar el presupuesto sin los aumentos que incluimos en esta Asamblea Legislativa para revertir el recorte en materia de Educación, que se eche atrás la inversión en becas, vayan y que la ciudadanía revise de qué lado de la cuerda están”, dijo Acuña.

El legislador también insistió en que, contrario a otras consultas, esta no frenaría la discusión en segundo debate del presupuesto, que debe estar aprobado antes del próximo 30 de noviembre.

“Esta consulta, a diferencia de cualquier otra, no suspende la discusión del presupuesto, pueden revisar la ley, que indica que en el caos de proyectos con plazo para ser votados la consulta no suspende, que eso quede claro”, dijo.

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