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La Cámara de Generación Distribuida (CGD) advirtió a los diputados sobre los eventuales riesgos que tendría excluir al instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de la regla fiscal, tal y como defiende esa entidad.

Los generadores recordaron que esa herramienta, incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no solo busca una “sana y oportuna contención del gasto” sino que además supone un contrapeso necesario para una empresa que, históricamente, no ha demostrado mesura en el manejo de fondos públicos.

“Históricamente, el ICE y sus empresas no han demostrado ser las más mesuradas en el manejo de los fondos públicos, no podemos olvidar la fallida planificación de inversiones en proyectos de generación que en el pasado terminaron costando hasta tres veces más de lo presupuestado y que, hoy en día, los costarricenses siguen pagando”, citó la agrupación.

Semanas atrás, el presidente del ICE, Marco Acuña, calificó esa propuesta como “de suma relevancia” y advirtió a la ciudadanía que mantener a la institución dentro de la regla fiscal podría traer “consecuencias a mediano plazo”, especialmente por la falta de inversión en el apartado de generación.

Sin embargo, la CGD calificó como “inaceptable” que en momentos donde el consumo de combustibles fósiles aumenta producto de la variabilidad climatológica, se esté pensando en la exclusión de la regla fiscal como una salida.

“Por el contrario, conviene recordar que el ICE está desaprovechando generación privada proveniente de la ley 7200 y todos los excedentes de los generadores distribuidos que, justamente, estarían contribuyendo ya en la reducción de la utilización del recurso térmico; o bien, las importaciones que el ICE realiza en el mercado eléctrico regional cuyos precios actuales tampoco resultan los más favorables para el país”, subrayaron.

La Cámara aseguró que aunque reconoce la importancia de la estabilidad económica del ICE para el país y el sistema eléctrico nacional, excluirlo de la regla “es sinónimo de liberarle de todo control en el gasto, con lo cual, estaría desnaturalizándose la razón de ser de la propia regla fiscal”.

“Estamos en una coyuntura de mucha fragilidad económica, en donde esta situación obliga a cuestionarse si lo que pretende el ICE se enmarca dentro los esfuerzos de disciplina fiscal y sostenibilidad de la deuda.

“No se discute que el ICE, tiene ingresos que no dependen del Gobierno Central; sin embargo, debe hacerse un análisis detallado de un cambio como el pretendido, que lejos de traer un beneficio pueda provocar un problema mayor al país”, finalizó.

La CGD asegura que el país tiene una capacidad instalada de 150 Megavatios, de los cuales cerca del 20% son excedentes que perfectamente podría estar aprovechando el ICE y las empresas distribuidoras.

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