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La ministra de Justicia y Paz, Marcia González, renunció este jueves a su cargo en medio de una polémica por el pago tardío de impuestos a la vivienda de lujo en la que reside.

La renuncia fue confirmada este viernes por el propio presidente Carlos Alvarado, quien aseguró que aceptó la renuncia de la jerarca en concordancia con la posición del Gobierno de transparencia y cumplimiento del tema fiscal.

"Doña Marcia dijo que iba a poner su cargo a disposición y eso fue lo que hizo, yo le agradecí eso y acepté su renuncia. Ella planteó que pagó sus impuestos, pero yo entiendo que en este momento no hay lugar para poner dudas en esa materia, por eso acepté su renuncia", dijo Alvarado en una escueta declaración ante los medios de comunicación.

González deja el ministerio luego de que el sitio amelirueda.com revelara que la sociedad "Bajo del Sapoa Grande S.A.", que ella preside y que es dueña de su casa en Pozos de Santa Ana, estaba morosa desde 2016 con ese impuesto, creado precisamente para financiar viviendas a familias de escasos recursos.

Ese medio denunció además que la ahora exministra ocultó información a la prensa sobre el pago tardío de esas obligaciones, que realizó precisamente luego de iniciaran las indagaciones de la prensa. 

La exministra envió a ameliarueda.com comprobantes parciales de esos pagos, donde se observaba los periodos cancelados pero no la fecha en que esas deudas fueron honradas.

“Ante la consulta de un medio de prensa, acudí a Hacienda para indagar mi estado tributario. Fue en ese momento que me percaté que sí me correspondía pagar este impuesto, a pesar de que mis asesores tributarios me habían indicado que no. Cometí un error y apenas me enteré de la falta, procedí a cancelar mis obligaciones tributarias con los respectivos intereses”, dijo González ayer en un comunicado de prensa luego de anuncia el pago atrasado de esos impuestos.

En setiembre del 2019, el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, también renunció a su cargo al salir a la luz que su familia le debía ₡10 millones al Ministerio de Hacienda por impuestos de una sociedad de la que él formaba parte.

Para Marcia González esta fue la última de una serie de polémicas que empañaron su gestión.

En setiembre anterior la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), encargada de los sistemas de monitoreo electrónico de privados de libertad, denunció que el Ministerio de Justicia acumulaba 700.000 alertas de tobilleras sin atender.

La denuncia llegó antecedida por una publicación de Diario Extra que aseguraba que el ministerio desconocía del paradero de casi 600 personas que gozaban de ese beneficio.

La entonces ministra desmintió ambas denuncias y culpó a la ESPH por los sistemas que utiliza para realizar ese monitoreo.