Ministra de Planificación: “No echar a andar esta reforma flaco favor le haría al país”

La ministra de Planificación, Laura Fernández, aseguró que no implementar la Ley de Empleo Público le haría un “flaco favor al país” y, además, pondría en entredicho la seriedad respecto al acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para la jerarca, la propuesta de ley del diputado liberacionista Gilberth Jiménez para retrasar la entrada en vigencia de la reforma dos años, o la acción de inconstitucionalidad presentada la semana anterior por la ANEP, son presiones fuera de tiempo que debieron llegar en el proceso de formulación de la ley, y no ahora que queda menos de un mes para que la ley entre en vigor.

“Estas presiones debieron darse en el proceso de formulación de la ley, cuando la Asamblea Legislativa discutió esta ley era el momento idóneo y procesal para presentar reformas o cambios por parte de grupos organizados, ya en este momento no es potestad mía hacer cambios a la ley.

“Algunos sindicatos me han enviado oficios o en la propia consulta del reglamento, lo que me plantean es que no implemente la ley, pero eso no es una potestad mía, yo soy una simple depositaria de la autoridad pública y tengo que regirme por principio de derecho y ejecutar la norma”, dijo la jerarca.

Fernández aseguró que aunque respeta al planteamiento de Jiménez, que justifica esa posposición en las críticas y observaciones que han hecho sindicatos y otras organizaciones, esa pausa sería innecesaria pues la misma ley prevé una serie de transitorios para, precisamente, echar a andar algunas de sus reformas hasta meses después.

“Por ejemplo, la ley prevé que seis meses después de la implementación tiene que estar el reglamento, ocho meses después los sistemas de pago, 12 meses después debe haber todo un plan para la atención del personal interino para que se consoliden y dejen de estar perpetuos, por decirlo de alguna manera…

“Entonces la ley sí prevé esas normas transitorias y nosotros, en el propio reglamento, estamos definiendo algunos tiempos para echar a andar productos que la norma nos obliga; por ejemplo, el tema del salario global, las columnas salariales, eso se va a publicar por etapas porque es una masa de trabajadores muy amplia que hay que organizarla en las siete familias que define la ley, que hay que formularles el salario global a partir de una serie de factores… No es de recibo para este ministerio intentar postergar la vigencia”, precisó.

Compleja y confusa

La ley, que ya concluyó con la consulta pública de su reglamento, deberá entrar en vigencia el próximo 10 de marzo.

De esa consulta vendrán algunos cambios al reglamento y también ideas para un futuro proyecto de reforma que Mideplan adelantó deberá presentar luego, pues acepta que ahora mismo la ley es confusa.

“La ley es confusa, tiene algunas ambigüedades, espacios grises que va a hacer que, posterior a la reglamentación, tengamos que presentar un proyecto de reforma para aclarar algunos de sus apartados que nos parece al equipo técnico que quedaron un poco débiles o confusos en la ley original, pero para saber eso necesitamos echarla a andar”, dijo la jerarca.

La ministra insistió en la urgencia de aplicar la ley ante el problema probado y evidente que existe en la administración de recursos del sector público, que va más allá de lo presupuestario y el crecimiento exponencial de las remuneraciones, sino también al “desorden” en las diferentes etapas de la gestión del recurso humano.

“No echar a andar esta reforma flaco favor le haría al país, porque la ley, si bien es cierto es complicada, con algunos vacíos y confusa, bien que mal pone algunas pautas para mejorar la forma actual en que se administran los recursos humanos.

“Además, incumplir a estas alturas un compromiso tan serio con el FMI puede poner en entredicho la seriedad con la que el país está asumiendo este acuerdo, el cual es importantísimo en el marco de la sostenibilidad financiera, que es vital para sacar adelante al país”, finalizó.

El proyecto de ley de Jiménez, presentado este jueves, propone retrasar en dos años la entrada en vigencia de la ley; sin embargo, para lograrlo deberá someterse a un procedimiento fugaz en la Asamblea Legislativa, uno que se vislumbra complejo por los tiempos, el apoyo y la posibilidad de que el propio Ejecutivo vete la propuesta.