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El proyecto de ley que el presidente Rodrigo Chaves propone para un referéndum podría violar la Constitución Política.

El texto modifica los alcances fiscalizadores de gestión pública de la Contraloría General de la República (ver video adjunto de Telenoticias).

Tres votos de la Sala IV se han referido al tema.

“Lo que dijo la Sala hace que los proyectos de reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría y la Ley de Control Interno sean evidentemente inconstitucionales, porque van en contra de las potestades de fiscalización de la Hacienda Pública que establece el (artículo) 183.

“Inclusive, algunos autores dicen que la Contraloría ejerce una competencia de buen gobierno, porque tiene que velar porque los fondos públicos no solo se apliquen de acuerdo con la ley, sino de manera eficiente y eficaz”, aseguró Rubén Hernández, experto constitucionalista.

Uno de estos votos, de 1998, deja claro —en referencia a las competencias de la Contraloría— que “el legislador común no puede rebajarlas, disminuirlas, suprimirlas o atribuírselas a otros órganos públicos, cuando la modificación en este sentido resultare contraria a los parámetros y principios constitucionales comentados”.

Además, Costa Rica firmó en 2005 un acuerdo internacional acerca de este tema.

Consultada sobre la jurisprudencia que podría echar al traste la pretensión gubernamental de un referendo sobre este tema, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, admitió que el Gobierno conoce el voto de 1998, pero que “el tema es intentarlo”. Horas después, sin embargo, cambió su postura.

La propuesta de referendo del Gobierno tiene que ser consultada ante la Sala Constitucional. 

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